Presidente Petro y Roa llevaron a Ecopetrol al borde del abismo

La Empresa Estatal Petrolera de Colombia, Ecopetrol, se hunde en una crisis sin precedentes, desatada por la escalofriante revelación de espionaje interno orquestado desde la Presidencia de esa entidad.

Los documentos confidenciales que salieron a la luz no dejan lugar a dudas que Ricardo Roa, al mando de la compañía, ordenó la interceptación de comunicaciones, correos electrónicos y dispositivos de por lo menos setenta altos directivos, subalternos suyos.

La justificación esgrimida por el Presidente de la Estatal Petrolera, fue la búsqueda de un supuesto ‘topo’ filtrador, palidece ante la magnitud de la violación de la privacidad y la quiebra de la confianza.

La contratación de la firma Covington & Burling LLP por la suma de una cifra cercana a los seis millones de dólares, cuyo objetivo oficial era evaluar el impacto de controversias, encubrió una operación de retención y custodia de información privada.

La cláusula de confidencialidad impuesta, que supeditaba cualquier difusión a la autorización del director de cumplimiento, Alberto José Vergara Monterrosa y cuya firma se estampó en plena festividad decembrina, evidencia una maniobra oscura, tendenciosa y cargada de un desprecio flagrante por la ética corporativa.

La renuncia de Mónica de Greiff, miembro de la junta directiva, es la más clara manifestación de rechazo a estas prácticas ilegales, calificadas por ella misma como una traición a los principios de gobierno corporativo ante el propio presidente Petro.

La llegada de esta ‘papa caliente’ a la Casa de Nariño y la convocatoria urgente a los directivos de Ecopetrol por parte del Presidente Gustavo Petro Urrego, así como al Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, reflejan la gravedad de la situación.

La posible salida de Ricardo Roa y su reubicación en el Ministerio de Minas, con la eventual asunción de Edwin Palma a la presidencia de la petrolera, configuran un enroque político que carece de solidez jurídica. La incertidumbre se cierne sobre la empresa insignia y la que más le aporta al PIB del país y la posibilidad de nuevas renuncias en la junta directiva expone la fragilidad de sus mecanismos de control.

Este episodio de espionaje no es un hecho aislado. Se suma a una serie de escándalos previos que han erosionado la credibilidad de Ecopetrol. El Presidente Petro y Ricardo Roa empujaron a Ecopetrol al borde de un abismo desde el mismo momento en que iniciaron las investigaciones por presunta violación a los topes de campaña en 2022, la cuestionable compra de un apartamento de lujo y los contratos con empresas vinculadas a personajes polémicos.

Ecopetrol clama por un ejercicio de transparencia urgente e ineludible. La junta directiva y la Contraloría General de la República tienen la obligación de aclarar responsables y rendir cuentas ante la ciudadanía.

El Congreso de la República debe impulsar una investigación exhaustiva que arroje luz sobre esta trama oscura. Los colombianos merecemos conocer la verdad y tener la certeza de que su principal empresa pública, se rige por principios de ética y honestidad.