Procuraduría exonera de responsabilidad a funcionarios investigados por contrato del Hospital de Málaga

La Procuraduría Regional de Instrucción de Santander ordenó el archivo definitivo de la investigación disciplinaria que se adelantaba contra funcionarios y evaluadores del Hospital Regional de García Rovira de Málaga, luego de concluir que las presuntas irregularidades denunciadas en el proceso de contratación para la adecuación y ampliación de la infraestructura física de la institución no fueron cometidas.

 Por Camilo Ernesto Silvera RUeda - Redacción Política / EL FRENTE

La decisión está contenida en un auto fechado el 2 de mayo de 2025, dentro del expediente IUS-2023-506901 / IUC-D-2023-3110154, abierto a raíz de informes periodísticos publicados en agosto de 2023 sobre la Convocatoria Pública 003 de 2023, cuyo objeto era contratar la adecuación y ampliación de la estructura física del Hospital Regional de García Rovira.

El proceso involucró al entonces gerente del hospital, José Luis Medina Romero, y a Mary Luz Corredor Sánchez, César Augusto Ardila Patiño y José Alejandro Sandoval Medina, quienes para la época de los hechos tenían responsabilidades como gerente y evaluadores de la convocatoria.

La investigación surgió después de que se cuestionara públicamente el proceso de contratación, cuyo valor ascendía a $64.028 millones. Entre los aspectos puestos bajo la lupa estuvieron el reducido plazo concedido para la presentación de propuestas, la modalidad de selección utilizada por la Empresa Social del Estado, la eventual aplicación de documentos tipo y la estructuración y planeación del proyecto.

La Procuraduría inició una indagación preliminar mediante auto del 14 de agosto de 2023 y posteriormente, el 20 de septiembre del mismo año, ordenó abrir investigación disciplinaria contra los funcionarios vinculados. Durante la actuación fueron incorporados documentos de las etapas precontractual y contractual, actos administrativos de la Junta Directiva, conceptos técnicos, licencias, información presupuestal, documentos relacionados con los recursos asignados por el Ministerio de Salud y el manual de contratación de la institución.

Entre las pruebas examinadas estuvo también la documentación correspondiente al contrato de interventoría número 089 del 26 de agosto de 2023, relacionado con el proyecto objeto de la actuación disciplinaria.

Tras revisar el material probatorio, la Procuraduría descartó que el plazo establecido para presentar las propuestas hubiera constituido una irregularidad. El auto señala que, aunque la recepción de ofertas estaba prevista para el 27 de julio de 2023, los interesados tuvieron acceso a los documentos desde el 25 de julio, por lo que contaron con los días 25, 26 y 27 para estructurar y presentar sus propuestas.

El organismo de control también analizó el régimen de contratación aplicable a las Empresas Sociales del Estado y la discusión sobre la utilización de documentos tipo. De acuerdo con las consideraciones consignadas en el auto, el Hospital Regional de García Rovira, por su naturaleza jurídica, se encontraba sometido a un régimen de contratación especial y contaba con autonomía para reglamentar sus procesos a través de su manual de contratación.

La Procuraduría concluyó además que la adecuación y ampliación de la infraestructura física del hospital estaba relacionada con el objeto y las funciones propias de la Empresa Social del Estado, relacionadas con la prestación de los servicios de salud. Por esa razón, determinó que para este proyecto no se configuraba la irregularidad planteada alrededor de la aplicación obligatoria de documentos tipo.

Uno de los apartes centrales de la decisión señala que, después de verificar las pruebas recaudadas, no se encontró irregularidad en el término otorgado para presentar las propuestas, en la modalidad de selección ni en la estructuración de la convocatoria pública.

En consecuencia, la Procuraduría sostuvo que “la presunta irregularidad no existió” y ordenó terminar la actuación disciplinaria y disponer el archivo definitivo de las diligencias. La decisión fue adoptada con fundamento en el artículo 90 de la Ley 1952 de 2019, modificado por la Ley 2094 de 2021, que contempla la terminación del proceso disciplinario cuando se demuestra que el hecho atribuido no existió o que el investigado no cometió la conducta objeto de reproche.

El auto es particularmente explícito al referirse al resultado de la valoración probatoria. Frente a los escritos presentados por los investigados, la Procuraduría señaló que no realizaría un análisis adicional de esos documentos, debido a que “de las pruebas recaudadas y examinadas, se logró verificar que las presuntas irregularidades investigadas no se cometieron”.

Con base en esas conclusiones, la Procuraduría Regional de Instrucción de Santander resolvió ordenar la terminación de la actuación contra José Luis Medina Romero, Mary Luz Corredor Sánchez, César Augusto Ardila Patiño y José Alejandro Sandoval Medina y dispuso el archivo definitivo del expediente.

La decisión también ordenó realizar las correspondientes notificaciones y registros y estableció que, una vez quedara en firme la providencia, las diligencias fueran archivadas definitivamente.

De esta manera, la actuación disciplinaria que se originó en los cuestionamientos públicos formulados en 2023 terminó sin que la Procuraduría encontrara responsabilidad disciplinaria por las presuntas irregularidades investigadas en la Convocatoria Pública 003 de 2023 del Hospital Regional de García Rovira de Málaga.