Procuraduría formula cargos a dos exgerentes de Metrolínea por presuntas fallas en la vigilancia de un contrato

La investigación disciplinaria involucra a Emilce Delina Jaimes Caballero, quien estuvo al frente de la empresa en 2022, y a Yolima Espinel Blanco, gerente durante 2023. El organismo de control busca establecer si omitieron tomar medidas para exigirle al concesionario Metrocinco Plus el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y garantizar la prestación del servicio de transporte masivo en Bucaramanga y su área metropolitana.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Una nueva investigación disciplinaria pone bajo la lupa la administración de Metrolínea S.A. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra dos exgerentes de la empresa de transporte masivo de Bucaramanga, por presuntas irregularidades en el seguimiento, vigilancia y control de uno de los contratos de concesión fundamentales para la operación del sistema.

Las investigadas son Emilce Delina Jaimes Caballero, quien ejerció la gerencia durante 2022, y Yolima Espinel Blanco, quien ocupó ese cargo en 2023. Según el Ministerio Público, se busca determinar si durante sus respectivas administraciones incumplieron el deber de adoptar las medidas administrativas y contractuales necesarias para exigirle al operador Metrocinco Plus S.A. el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de concesión 001 del 19 de enero de 2008.

La Procuraduría calificó provisionalmente las conductas investigadas como faltas graves cometidas a título de culpa gravísima. Esta decisión representa el avance de una actuación disciplinaria, pero no constituye una declaración de responsabilidad: las dos exfuncionarias tienen derecho a ejercer su defensa y a controvertir los señalamientos durante el proceso.

Metrocinco Plus, un operador en medio de la crisis del sistema

Para comprender el alcance de la investigación es necesario remontarse a los orígenes del contrato. El convenio de concesión 001 fue suscrito el 19 de enero de 2008 entre Metrolínea y Metrocinco Plus S.A., como parte del esquema diseñado para poner en funcionamiento el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) del área metropolitana de Bucaramanga.

Dentro de ese modelo, los concesionarios de transporte tenían la responsabilidad de suministrar y mantener los vehículos, además de contratar a los conductores para garantizar la operación de las rutas. Metrolínea, por su parte, actuaba como ente gestor y tenía entre sus responsabilidades hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por los operadores.

La controversia cobra especial relevancia porque Metrocinco Plus fue uno de los operadores cuya disponibilidad de flota terminó afectando la capacidad de respuesta del sistema. El propio informe de gestión de Metrolínea correspondiente a 2024 reconoció que las limitaciones en la disponibilidad de vehículos de este concesionario redujeron la cobertura, los pasajeros movilizados y los ingresos tarifarios.

Para enfrentar esa situación, la entidad tuvo que recurrir a mecanismos de complementariedad e integración con empresas del transporte público colectivo. Según el balance institucional, al cierre de 2024 la programación contemplaba 18 vehículos de Metrocinco Plus, 127 buses bajo el modelo de complementariedad y otros 209 vinculados mediante el esquema de integración.

El deterioro operacional también quedó reflejado en las cifras nacionales. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), durante el segundo trimestre de 2025 Metrolínea registró un promedio mensual de apenas un vehículo en servicio y transportó 613.000 pasajeros en el trimestre, una disminución del 68,8 % frente al mismo periodo de 2024.

Un sistema que no logró cumplir sus expectativas

La crisis de Metrolínea no se explica únicamente por las dificultades de un concesionario. Se trata de un problema estructural que combina baja demanda, insuficiencia de flota, dificultades financieras, controversias judiciales, deterioro de estaciones y competencia del transporte informal.

En agosto de 2024, el Ministerio de Transporte reconoció que el sistema había sido concebido para atender a más de 400.000 pasajeros diarios, pero que durante sus primeros 14 años de funcionamiento solamente había alcanzado demandas máximas promedio cercanas a 144.000 usuarios por día. Esa diferencia entre las expectativas iniciales y la demanda efectiva incidió en la sostenibilidad económica del modelo.

La situación llegó a un punto crítico que obligó a las autoridades metropolitanas y al Gobierno nacional a estudiar alternativas para salvar el sistema. El Área Metropolitana de Bucaramanga advirtió entonces sobre las millonarias obligaciones acumuladas por Metrolínea y los problemas derivados de las controversias judiciales, mientras se contemplaba incluso la liquidación del ente gestor.

El desenlace de la relación contractual llegó el 26 de abril de 2025, cuando terminó el contrato de concesión con Metrocinco Plus. Así lo reportó Metrolínea en sus estados financieros de esa vigencia. Hasta entonces, la empresa había mantenido un esquema de contingencia para evitar la interrupción total del servicio, combinando la flota concesionada con buses del transporte público colectivo.

¿Qué significa el pliego de cargos?

La decisión de la Procuraduría tiene un alcance disciplinario que debe diferenciarse de una eventual sanción. Con la formulación del pliego de cargos, el organismo de control formaliza los señalamientos y permite que las investigadas ejerzan su derecho de defensa frente a las conductas que se les atribuyen.

La calificación provisional de falta grave a título de culpa gravísima significa que la autoridad considera que los hechos investigados podrían representar un incumplimiento especialmente reprochable de los deberes funcionales, sin que ello implique que la responsabilidad de las exgerentes esté demostrada.

Por ahora, la Procuraduría no ha hecho públicos en su comunicado los detalles específicos de las actuaciones que cada una habría dejado de realizar, las obligaciones contractuales concretas que habrían sido desatendidas ni las eventuales consecuencias económicas de esas omisiones.

La investigación adquiere importancia para Bucaramanga porque pone en discusión una de las obligaciones centrales de la administración pública: no basta con suscribir contratos y entregar responsabilidades a operadores privados; también corresponde a las entidades estatales vigilar su ejecución, exigir resultados y activar los mecanismos contractuales cuando se presentan incumplimientos.

En el caso de Metrolínea, una empresa que durante años ha enfrentado dificultades operativas y financieras, establecer si existieron omisiones en ese ejercicio de vigilancia será fundamental para esclarecer las responsabilidades administrativas que pudieron incidir en el deterioro del servicio de transporte masivo metropolitano.