Procuraduría inició investigación contra el Gobernador de Santander y el exalcalde encargado de Girón Fredy Cáceres
La Procuraduría investiga al gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, y al alcalde encargado de Girón, Fredy Norberto Cáceres Arismendy, por presunta intervención política indebida y decisiones administrativas irregulares, afectando a funcionarios municipales.
La Procuraduría investiga al gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, y al alcalde encargado de Girón, Fredy Norberto Cáceres Arismendy, por presunta intervención política indebida y decisiones administrativas irregulares, afectando a funcionarios municipales.
Los puntos clave serán generados automáticamente por IA y revisados por la redacción de El Frente.
El contexto histórico y los antecedentes serán generados a partir del archivo periodístico de El Frente.
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La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, y el alcalde encargado de Girón, Fredy Norberto Cáceres Arismendy (foto), tras la presentación de una queja que los acusa de intervención indebida en política y de tomar decisiones administrativas con irregularidades.
El expediente incluye examen puntual de la legalidad en la designación del alcalde encargado por parte del gobernador y verificación de las declaratorias de insubsistencia firmadas por Cáceres Arismendy.
Esas declaratorias afectan a varios funcionarios municipales y su eventual pérdida de derechos laborales.
La investigación quedó a cargo de la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Administrativa. El órgano solicitó documentación oficial, actas administrativas y declaraciones de servidores vinculados al proceso.
La entidad estudiará cronologías, fundamentación jurídica y cumplimiento de los procedimientos establecidos.
La Procuraduría determinará si existe mérito disciplinario para formular cargos y imponer sanciones. Las partes involucradas tienen la posibilidad de presentar pruebas y descargos ante el ente de control.
El avance del caso se notificará conforme a los términos legales previstos en la normativa disciplinaria. La investigación tendrá plazos establecidos por la ley y su conclusión determinará responsabilidades administrativas y posibles sanciones contra quienes resulten culpables de forma.
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