El Ministerio Público encendió las alertas sobre las condiciones administrativas, ambientales y financieras que rodean uno de los proyectos viales más importantes para la conectividad del área metropolitana de Bucaramanga. Aunque la CDMB ya otorgó la licencia ambiental para la Unidad Funcional 2, todavía existen trámites pendientes en otros tramos, incertidumbres sobre la adquisición de terrenos y preguntas sobre la financiación y los cambios introducidos a la iniciativa.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

El Anillo Vial Externo Metropolitano de Santander, una de las apuestas de infraestructura destinadas a mejorar la movilidad y la conexión entre Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, vuelve a quedar en el centro de la discusión pública. Esta vez, por cuenta de una actuación preventiva de la Procuraduría General de la Nación, que decidió intensificar la vigilancia sobre las condiciones necesarias para garantizar que el proyecto pueda avanzar sin tropiezos administrativos, ambientales, prediales o presupuestales.

La obtención de permisos ambientales para los diferentes sectores, la disponibilidad de recursos para financiar las obras, la adquisición de los terrenos requeridos y las modificaciones que se habrían introducido al alcance inicialmente previsto, son los cuatro aspectos fundamentales que dejó en evidencia la advertencia lanzada por el ministerio público.

Para dimensionar la preocupación del Ministerio Público es necesario entender la magnitud del proyecto. El Anillo Vial Externo Metropolitano fue concebido como un corredor de aproximadamente 28 kilómetros que conectará la Ruta Nacional 66, en el sector de La Fortuna, con la Ruta Nacional 45A, en inmediaciones de la vía al aeropuerto Palonegro.

Su trazado bordeará los sectores occidentales y surorientales de Girón y Piedecuesta, con conexiones hacia puntos estratégicos como Guatiguará, Chocoíta, Girón y el aeropuerto. El propósito es ofrecer una alternativa para el transporte de carga y los vehículos de paso, evitando que buena parte de ese tráfico tenga que atravesar los corredores urbanos del área metropolitana.

El proyecto, sin embargo, enfrenta una brecha financiera considerable debido a que para la construcción de los 28 kilómetros en doble calzada se requieren $2,8 billones, y en la actualidad solo se cuenta con $480.063 millones, equivalentes aproximadamente al 17 % de la inversión requerida.

La administración departamental ha planteado conseguir recursos adicionales mediante una contribución de valorización, con la cual espera recaudar cerca de $584.000 millones de los propietarios de predios beneficiados por la obra. Sin embargo, ese mecanismo todavía requiere completar estudios de factibilidad y establecer cuánto correspondería pagar a cada propietario.

Los predios, otro cuello de botella

Uno de los aspectos que más inquieta a los organismos de control es la gestión predial. La adquisición de los terrenos necesarios para construir una carretera de estas dimensiones supone un proceso complejo, especialmente cuando los recursos disponibles no alcanzan para cubrir todas las necesidades identificadas debido a que el presupuesto inicialmente destinado a la compra de predios asciende a $85.167 millones. Sin embargo, para la Unidad Funcional 2 se identificaron 253 terrenos, cuyos avalúos estimados suman aproximadamente $102.694 millones.

Una licencia ambiental que no resuelve todo

En materia ambiental también existen avances y tareas pendientes. La CDMB otorgó mediante la Resolución 1121 del 31 de agosto de 2026 la licencia ambiental correspondiente a la Unidad Funcional 2, que comprende el sector entre El Buey y Chocoíta, con una extensión aproximada de 16 kilómetros.

No obstante, la autorización no significa que todos los componentes del proyecto tengan resuelta su situación ambiental. Los permisos correspondientes a la Unidad Funcional 1, que comprende otros 12 kilómetros hasta la conexión con la vía al aeropuerto Palonegro, continúan dentro de los trámites que deben resolverse.

Además, la licencia contempla obligaciones de compensación ambiental que representan inversiones adicionales cercanas a los $10.000 millones.

Gobierno Nacional anuncia respaldo, pero faltan los recursos

La preocupación de la Procuraduría coincide con un momento en el que Santander intenta conseguir el respaldo financiero del Gobierno Nacional para destrabar sus principales proyectos de infraestructura.

El pasado 30 de octubre, durante el encuentro regional Alianza por Santander, realizado en Bucaramanga, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, manifestó el compromiso del Gobierno de trabajar conjuntamente con la administración departamental para completar el Anillo Vial Externo Metropolitano.

El gobernador Juvenal Díaz Mateus también ha planteado alternativas para conseguir los recursos faltantes. Entre ellas figura gestionar una adición de hasta el 20 % a la concesión de la Ruta del Cacao para avanzar en la primera calzada y estudiar mecanismos de asociación público-privada o una nueva concesión para financiar la segunda.

La expectativa del Gobierno departamental es que las mesas técnicas instaladas con el Gobierno Nacional permitan definir las inversiones y los proyectos que recibirán respaldo antes de finalizar el año.