Procuraduría pide anular proceso de elección del Contralor de Santander

La elección del Contralor de Santander para el periodo 2026-2029 quedó bajo una fuerte objeción jurídica luego de que la Procuraduría General de la Nación solicitara al Tribunal Administrativo de Santander anular el proceso por considerar que la Asamblea Departamental incorporó requisitos que la ley no contempla para ese cargo.

El concepto, suscrito por el procurador 16 Judicial II Administrativo, Jhon Carlos García Perea, sostiene que la corporación excedió sus competencias al exigir a los aspirantes un certificado especial sobre delitos sexuales contra menores de edad. Según el Ministerio Público, ese documento solo procede para empleos, oficios o profesiones con contacto directo y habitual con niños, niñas y adolescentes.

La Procuraduría explicó que el cargo de Contralor Departamental no pertenece a los sectores definidos por la Ley 2375, entre ellos educación, salud, recreación, cuidado, protección, deporte, cultura, seguridad y otros ámbitos con atención frecuente a menores. Por esa razón, la Asamblea habría convertido una exigencia ajena al cargo en requisito eliminatorio dentro de la convocatoria.

El concepto también advierte un problema adicional. La base de datos que contiene esas inhabilidades es confidencial, está bajo administración de la Policía Nacional y solo puede consultarse para procesos autorizados relacionados con empleos que tengan contacto directo con menores. El sistema exige, además, una declaración bajo gravedad de juramento sobre el uso exclusivo del certificado para esos fines.

Por ello, según la Procuraduría, exigir el documento para la elección del Contralor generó una contradicción legal, pues para obtenerlo sería necesario declarar que el cargo implica trato habitual con menores, condición que no corresponde a sus funciones.

El Ministerio Público aclaró que una condena penal por delitos sexuales sí puede producir una inhabilidad constitucional para ejercer como Contralor. Sin embargo, esa circunstancia no permite imponer como requisito de inscripción el certificado especial. Los antecedentes penales ordinarios son suficientes para verificar la existencia de condenas vigentes.

Con esos argumentos, la Procuraduría recomendó declarar la nulidad del acto demandado por los cargos formulados en el proceso principal. El concepto no obliga al Tribunal, pero el expediente ya quedó listo para sentencia en primera instancia.

En otro proceso acumulado, el Ministerio Público rechazó la pretensión del excontralor Reynaldo Mateus, quien buscaba extender su permanencia en el cargo. La Procuraduría sostuvo que el periodo de la Contraloría es institucional y no personal. Mateus había sido elegido en diciembre de 2023 para reemplazar a Fredy Anaya, cuya elección fue anulada, por lo que su mandato debía concluir el 31 de diciembre de 2025.

Así, la convocatoria para el periodo 2026-2029 no habría vulnerado su derecho a permanecer en el cargo. La decisión definitiva corresponderá al Tribunal Administrativo de Santander y podrá ser apelada ante el Consejo de Estado.

Mientras llega el fallo, María Alejandra Ramírez permanece como contralora encargada. Ella ha negado que su designación responda a influencias externas y atribuyó su llegada a su hoja de vida y perfil profesional.

La controversia mantiene en suspenso la definición del órgano de control fiscal del departamento para el próximo periodo institucional.