Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La comunidad minera rechaza totalmente el Decreto 044 de 2024 expedido por el Ministerio de Ambiente que busca declarar y delimitar, sin estudios técnicos y de forma subjetiva, Zonas de Reserva Temporal para excluirlas de la actividad minera. El Decreto desconoce normas legales y constitucionales, redelimita zonas ya definidas, y genera graves incertidumbres para el futuro de todos los mineros del país.
En el marco de un debate de Control Político en la Comisión 5ta de la Cámara de Representantes, la Federación Colombiana de Pequeños Mineros Ancestrales en Proceso de Formalización (FEDEMAPEC) calificó como una arbitrariedad inconstitucional el Decreto 044 de 2024 expedido por el Ministerio de Ambiente, con el cual el Gobierno busca declarar y delimitar Zonas de Reserva Temporal sin criterios técnicos, condenando a la ilegalidad a los pequeños mineros, y desconociendo los acuerdos alcanzados con las comunidades mineras en diferentes zonas del país.
Según indicó Ivonne González, directora FEDEMAPEC, “el Ministerio de Ambiente está engañando a las pequeñas comunidades mineras, haciéndole “conejo” a los acuerdos adquiridos en procesos como la delimitación del Páramo de Santurbán, y violando el mandato de la Corte Constitucional. No vamos a permitir que sigan jugando con nosotros y que sigan haciendo lo que quieran a espaldas de los pequeños mineros”, afirmó.
Según la Federación, el Decreto 044 de 2024 se trata de una iniciativa que da vía libre a la creación de áreas de exclusión de la minería sin el debido soporte de los estudios técnicos. Este decreto, denuncian los mineros, se oficializó sin la participación de las comunidades y pasando por encima de sus derechos, obstaculizando la labor que han realizado por 400 años en regiones mineras.
“La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, dijo que habría una socialización amplia y participativa con los pequeños mineros, pero fue mentira. Supuestamente nos invitarían a construir colectivamente una reforma al Código Minero, pero luego a espaldas de las comunidades, sin participación, y sin tener en cuenta el grave riesgo que representa, se tramitó y expidió este decreto que contradice las promesas. Nos están condenando a la ilegalidad”, puntualizó González.
Para este colectivo, que representa a familias que por décadas han intentado hacer minería de forma legal, el Decreto que aprobó el Ministerio de Ambiente, transgrede abiertamente el artículo 34 del Código de Minas y va en contra del artículo 47 del Código de Recursos Naturales, donde se reconocen los derechos adquiridos como una facultad constitucional fundamental, los cuales deben ser respetados y aplicados en el sector minero.
Asimismo, con este decreto se impide que se otorguen o prorroguen títulos mineros, concesiones, contratos de exploración o explotación, permisos y licencias ambientales en muchas zonas donde ancestralmente se ha desarrollado la minería, lo cual indiscutiblemente los condena a la ilegalidad y les impide avanzar en procesos de formalización minera.
La líder minera anunció que ya diferentes organizaciones en departamentos como Putumayo, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cauca y Boyacá entre otros, están preparando un paro minero y movilizaciones, buscando que el Gobierno Nacional reconsidere esta medida arbitraria, que desconoce normas legales y constitucionales, en especial la seguridad jurídica y derechos adquiridos, y que puede ser usada como instrumento para frenar todos los proyectos mineros del país.
Voces encontradas
A pesar de los pronunciamientos que realizaron los minero de Santander, hay quienes consideran que el decreto es un esfuerzo del Gobierno de Colombia para avanzar en la definición de límites para la actividad minera en áreas protegidas, en su objetivo de salvaguardar los derechos a un "ambiente sano y la protección de áreas de especial importancia ecológica", siguiendo las directivas del Consejo de Estado.
Lucía Soto Rincón, experta de la Universidad Externado de Colombia, detalla que esta medida legal busca una mayor coordinación entre los sectores minero y ambiental. Soto Rincón sostiene que el Decreto 044 de 2024, promulgado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es un paso crucial para compatibilizar la actividad minera con la preservación ecológica.
El financiamiento de conservación de la biodiversidad en Colombia, una de las naciones más ricas en biodiversidad del mundo, se ve fortalecido con este decreto que procura la declaración y delimitación de reservas de recursos naturales.
La académica refiere que el reconocimiento de la necesidad de sincronía entre ambos sectores es un reflejo del fallo del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2022, que recalca "la falta de coordinación como una de las principales causas que afecta los derechos a un ambiente sano".
