Resumen
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El señor Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, propone al país que se les pague sueldo a los bandidos del ELN y a las disidencias de las FARC, para que se abstengan de delinquir durante el tiempo que duren las negociaciones de paz con el gobierno nacional. Estos desvergonzados criminales, que ayer tuvieron la osadía de secuestrar a una estudiante universitaria, identificada como Silvia Juliana Carvajal, que se movilizaba entre Cúcuta y Ocaña para visitar a su familia en zona rural del municipio de Teorama.
‘Si el respeto al derecho ajeno es la paz’, según la frase del filólogo mexicano Benito Juárez, ¿qué podemos esperar para el futuro de nuestros hijos, con un atajo de cafres que desde las trincheras del gobierno nacional, proponen que el presidente de la república, como suprema autoridad, disponga de los recursos del presupuesto de la nación, para sostener a miles de criminales que pululan por los cinco puntos cardinales de esta adolorida nación, donde la paz se convirtió en un negocio de bandidos?
La curiosa propuesta, que hace carrera en los diálogos de paz que se realizan en Venezuela, proviene del señor Ministro del Interior, un ilustre vallecaucano, disidente del partido liberal, haciendo la apología del delito para entregarle bonos en dinero efectivo a los cabecillas de estos grupos de bandidos. El Fiscal General de la Nación volvió a refutar a los adláteres de este gobierno, que dilapidan los dineros públicos para comprar la paz, mientras las guerrillas hacen fiestas con el dinero que pagamos los contribuyentes al erario público.
Un gobierno fuerte debe derrotar a la chusma terrorista, desenmascararla y someterla con las armas de la república y con penas de trabajo forzado, como debería hacerlo, para liberar a Colombia de grupos de mercenarios que hablan de paz en los foros internacionales, pero ejecutan la guerra fratricida, que ha traído desolación y muerte. ‘País de cafres’ como dijo en su oportunidad el exministro de justicia Darío Echandía, refiriéndose a las bandas criminales que ejercen dominio territorial en casi toda la república.
En el antiguo Estado Soberano de Santander existía una Constitución Autónoma e independiente de muchas otras que promulgaron en los Estados Soberanos del Cauca, Cundinamarca, Antioquia y Magdalena. En la Convención de Ocaña, reunida en 1828, se habló de imponer la pena de muerte, que fue aplicada por el General Francisco de Paula Santander contra el Coronel Español José María Barreiro y muchos otros oficiales que se rindieron en el Puente de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Los delitos mayores se pagaban con la pena de muerte que se aplicó desde entonces a los que se robaban los impuestos de la naciente república de Colombia.
Por qué ahora, en la Constitución Nacional de 1991 prohibieron expresamente la aplicación de la pena capital, que iba dirigida a los enemigos de la Revolución de la Independencia Nacional, cuando a lo único que le tienen miedo los enemigos de la patria es a la pena de muerte, que la aplican los bandidos de las disidencias de las FARC y del ELN, para infundir terror entre las comunidades campesinas que rechazan a los grupos subversivos. Ojalá podamos tener más adelante las libertades que han ganado otras civilizaciones en el mundo, donde la paz se ha conseguido, castigando con severidad y con eficacia a los mamertos que hablan de paz pero practican la guerra.
