¿Quién pagará el precio del desgobierno?

Por: Jairo Rueda Otálvaro.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de recortar la proyección de crecimiento económico para Colombia en 2025, situándola en un 2,4%. La cifra, que en apariencia podría pasar desapercibida entre tecnicismos, es una señal clara de alarma: estamos creciendo por debajo de lo necesario para generar empleo, reducir la pobreza y mantener la estabilidad fiscal. Y no se trata de un fenómeno externo aislado. En la misma revisión, países como Perú, República Dominicana o Chile mantuvieron expectativas más sólidas. El frenazo colombiano tiene una causa concreta, decisiones equivocadas, ausencia de planificación y un modelo de gobierno que ha confundido liderazgo con confrontación.

Colombia no está frenando por culpa del contexto global ni por una supuesta herencia maldita. La desaceleración que vivimos es consecuencia directa de un proyecto político más preocupado por ganar peleas simbólicas que por construir políticas económicas coherentes. Mientras el mundo lanza advertencias, el presidente prefiere enfrascarse en discusiones estériles con el Congreso o en ataques reiterados al Banco de la República, precisamente la institución que ha demostrado mayor solidez técnica y responsabilidad institucional.

Uno de los síntomas más evidentes de esta desorientación es el déficit fiscal, que supera el 6,7% del PIB. A esto se suma una deuda pública que roza el 61% y una caída sostenida de la inversión privada. Todo mientras se expanden los subsidios de manera descontrolada, sin un plan de financiación real, sin estudios de impacto y, lo más preocupante, sin sostenibilidad. El problema no son los subsidios, ni su propósito social. El verdadero problema es el populismo con el que se reparten, como promesas sin sustento que pueden convertirse en bombas de tiempo fiscal.

El terreno internacional tampoco ofrece buenas noticias. Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, ha impuesto aranceles a productos estratégicos para el país como flores y banano. La respuesta diplomática ha sido tardía y carente de firmeza. La Cancillería parece haber renunciado a su papel como intermediaria clave en la defensa del interés económico nacional. Mientras tanto, se habla de ampliar mercados y diversificar exportaciones, pero sin resultados concretos, sin nuevos acuerdos firmados y sin una estrategia integral que respalde esos discursos.

El crecimiento no se reactiva desde la ideología. Se reactiva desde la técnica, la planeación y la ejecución. Colombia necesita una agenda económica urgente, realista y consensuada. Necesita dejar de atacar a las instituciones que funcionan y, en su lugar, convocarlas. Necesita entender que el desarrollo no se decreta, se construye paso a paso, con visión a largo plazo y sin caer en el cortoplacismo electoral.

Mientras países con condiciones similares, como República Dominicana, consolidan su crecimiento gracias a estrategias fiscales responsables, apertura comercial efectiva y fortalecimiento institucional, Colombia se aleja peligrosamente de cualquier sendero de sostenibilidad. Allá se planifica, aquí se improvisa.

Gobernar no es anunciar. Gobernar es ejecutar, medir y corregir. Hoy, Colombia paga el precio de un modelo que ha dejado de escuchar, que desprecia la técnica y que desconfía del conocimiento. Si no se corrige el rumbo, el crecimiento seguirá cayendo, el empleo será más precario y los más vulnerables, precisamente quienes se pretende proteger, serán los más afectados.

El precio de este desgobierno no lo pagarán los titulares del poder, lo pagaremos todos: en menor crecimiento, en menos oportunidades y en más desigualdad. Lo que ocurra en 2026 no dependerá solo del contexto, dependerá de las decisiones que tomemos como país. Y la más urgente de todas es volver a poner la economía en manos responsables.