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Rectora de la Normal Superior de Bucaramanga responde a las denuncias de la comunidad educativa en su contra: “No voy a renunciar”

La Procuraduría abrió una actuación preventiva por presuntas irregularidades en la asignación académica de 2026 y en los procedimientos internos de la Normal Superior de Bucaramanga.

Rectora de la Normal Superior de Bucaramanga responde a las denuncias de la comunidad educativa en su contra: “No voy a renunciar”
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La Procuraduría abrió una actuación preventiva por presuntas irregularidades en la asignación académica de 2026 y en los procedimientos internos de la Normal Superior de Bucaramanga.

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La Procuraduría General de la Nación abrió una actuación preventiva para verificar posibles irregularidades en la distribución de la carga académica de 2026 y eventuales fallas en los procedimientos administrativos de la institución. La queja fue presentada por docentes y representantes del Consejo Estudiantil, en medio de una controversia que lleva varios meses y que incluye protestas de estudiantes y solicitudes de traslado de la rectora.

 

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

 

Las denuncias efectuadas por padres de familia, estudiantes y hasta docentes de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga llegaron esta semana a la Procuraduría General de la Nación donde el ente de control iniciará una revisión preventiva sobre las presuntas irregularidades que han hecho públicas, incluso, hasta los mismos representantes del Consejo Estudiantil, anomalías en las que se da cuenta de falencias en el funcionamiento académico y administrativo del establecimiento educativo.

La actuación está relacionada principalmente con la asignación académica correspondiente a la vigencia 2026, un procedimiento que determina la distribución de las responsabilidades de enseñanza entre los docentes y que, según las inquietudes presentadas ante el organismo de control, podría haberse desarrollado sin garantizar plenamente la participación de las instancias institucionales correspondientes.

La queja también expone cuestionamientos sobre la intervención del Consejo Académico, la socialización de los actos administrativos y otros procedimientos internos que, de acuerdo con los denunciantes, podrían comprometer la transparencia de las decisiones y el adecuado funcionamiento de la institución.

La Procuraduría aclaró que su intervención busca establecer qué ocurrió, conocer las explicaciones de las directivas y verificar si las decisiones adoptadas se ajustaron a las disposiciones legales.

Las primeras manifestaciones públicas de inconformidad se conocieron en febrero, cuando alumnos de décimo y undécimo realizaron protestas para cuestionar las modificaciones introducidas en la organización escolar.

Entre las principales reclamaciones figuraban los cambios en los horarios, el tiempo destinado al almuerzo, la organización de las formaciones y las condiciones del mobiliario utilizado por los estudiantes. Los jóvenes también cuestionaron que las nuevas disposiciones de la rectoría estuvieran generando desorden, pérdida de horas de clase y dificultades en la dinámica institucional.

 

Instalaron rejas en el templo de la libertad

Las manifestaciones se repitieron durante el año y adquirieron mayor dimensión el 21 de septiembre, cuando estudiantes salieron a protestar y marcharon hasta la Alcaldía de Bucaramanga para exigir respuestas y solicitar cambios en la dirección del establecimiento.

A las inconformidades por los horarios y las condiciones de estudio se sumaron cuestionamientos relacionados con el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE), la disponibilidad de docentes, la infraestructura y la participación de los estudiantes en las decisiones que afectan la vida escolar.

Uno de los asuntos que generó preocupación entre padres de familia fue la instalación de rejas para separar determinados espacios y grupos de estudiantes, una medida que, según los denunciantes, podría representar riesgos y afectar la convivencia dentro del establecimiento.

También se cuestionaron las condiciones del mobiliario de algunos salones, la presunta pérdida de espacios pedagógicos y la suspensión de actividades institucionales como la Semana de la Cultura, el Plan Lector, el coro en lengua de señas y los semilleros de investigación.

En octubre, representantes del Consejo de Padres solicitaron al Ministerio de Educación una auditoría integral al clima escolar y al funcionamiento del gobierno escolar. En el documento también plantearon preocupaciones por el trato dispensado a estudiantes que participaban en las manifestaciones y por la presunta falta de garantías para ejercer su derecho a expresar inconformidades.

Los padres señalaron, además, que la rectora habría amenazado con acciones judiciales a estudiantes que grababan las protestas y cuestionaron que desde la dirección se atribuyera la movilización juvenil a una supuesta incitación de los profesores. Estas afirmaciones corresponden a las denuncias formuladas por los representantes de las familias y no constituyen hechos establecidos por una autoridad.

 

“Que ni crean que voy a renunciar”

Frente a la controversia, la rectora Ana Isabel Pino defendió públicamente las decisiones adoptadas durante su administración y descartó abandonar el cargo. En declaraciones conocidas el 17 de noviembre, la directiva sostuvo que encontró situaciones que requerían intervención, entre ellas el ingreso de personas ajenas al establecimiento, la presunta comercialización de vapeadores y otras sustancias, además de denuncias por posibles abusos que, según indicó, fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía.

Pino también justificó los cambios en los horarios y las condiciones de permanencia de los docentes dentro del colegio. Según explicó, las disposiciones buscan garantizar que siempre haya adultos responsables de la protección y el cuidado de los estudiantes.

La rectora argumentó que las decisiones responden a obligaciones legales y a la necesidad de proteger a los menores de edad. También defendió el traslado de los estudiantes de educación inicial a otra sede, al considerar que las nuevas instalaciones ofrecen condiciones más adecuadas para su seguridad.

Sobre su continuidad en el cargo fue categórica: no contempla renunciar y aseguró que seguirá al frente de la institución. Asimismo, manifestó que está dispuesta a escuchar a los sectores inconformes y que una de sus prioridades es avanzar en el proceso de acreditación de la Escuela Normal.

De esta manera, mientras estudiantes, padres de familia y profesores mantienen sus cuestionamientos, la rectora sostiene que las decisiones adoptadas obedecen a necesidades de organización y protección de la comunidad educativa.

El Consejo Académico es uno de los órganos fundamentales del gobierno escolar y tiene responsabilidades expresas en la organización pedagógica de los establecimientos educativos.

El Decreto 1075 de 2015 establece que este organismo debe participar en el estudio del currículo, propiciar su mejoramiento, organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. Está integrado por el rector, los directivos docentes y un representante de los profesores por cada área del plan de estudios.

Por eso, las inquietudes sobre su participación en las decisiones de 2026 tienen relevancia institucional: el funcionamiento de este órgano permite que las determinaciones académicas no dependan exclusivamente de decisiones individuales, sino que cuenten con espacios de deliberación y orientación pedagógica.

La normativa también establece la obligatoriedad del gobierno escolar como mecanismo de participación democrática de los distintos estamentos de la comunidad educativa.

Como parte de las actuaciones, el Ministerio Público ya adelantó mesas de trabajo y formuló requerimientos de información a la Secretaría de Educación de Bucaramanga y a la rectora de la Escuela Normal Superior. La intención es establecer qué medidas se han tomado frente a las inconformidades planteadas, conocer cómo se adoptaron las decisiones cuestionadas y verificar si se respetaron los procedimientos administrativos y académicos.

La actuación preventiva adquiere especial importancia porque las diferencias ya no se limitan a una discusión sobre la distribución de horarios o las condiciones laborales de los docentes. También involucran el ejercicio de la participación estudiantil, la convivencia escolar, la calidad de los espacios educativos y el funcionamiento de los órganos de gobierno institucional.