Refuerzos militares y tecnología avanzada para enfrentar grupos narcoterroristas en el Valle
El Gobierno reforzó la presencia militar y la inteligencia en Cauca y Valle para combatir a grupos armados ilegales y frenar economías ilícitas como narcotráfico y minería ilegal.
El Gobierno reforzó la presencia militar y la inteligencia en Cauca y Valle para combatir a grupos armados ilegales y frenar economías ilícitas como narcotráfico y minería ilegal.
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El contexto histórico y los antecedentes serán generados a partir del archivo periodístico de El Frente.
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La escalada violenta en el suroccidente del país forzó una respuesta inmediata del Estado, con refuerzos militares, tecnología avanzada y una estrategia de inteligencia dirigida a desmantelar estructuras armadas ilegales que operan entre Cauca y Valle del Cauca.
La gobernadora del Valle del Cauca expresó su alarma tras un ataque en zona rural de Jamundí, donde un vehículo que transportaba aves fue incendiado, hecho que atribuyó a disidencias armadas.
Señaló que este tipo de acciones evidencia el fortalecimiento de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, motores de la violencia en la región.
Ante este panorama, solicitó una intervención integral en el Naya y el norte del Cauca que incluya control territorial sostenido, sustitución de cultivos ilícitos y operaciones contra la explotación minera ilegal. Reclamó además que la estrategia de seguridad no sea intermitente, sino permanente y con mayor capacidad operativa.
En respuesta, el Gobierno Nacional anunció el envío de ocho pelotones adicionales para reforzar la presencia militar en zonas críticas.
También autorizó el uso de drones de vigilancia y sistemas para contrarrestar ataques aéreos con dispositivos tecnológicos empleados por grupos ilegales.
De forma paralela, se activó una unidad especial de inteligencia con participación de todas las fuerzas, enfocada en ubicar y capturar a cabecillas de la estructura ‘Jaime Martínez’.
La estrategia busca cortar las fuentes de financiación ilegal y restablecer el control institucional en territorios afectados.
