Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
En un hito histórico, los Ministerios de Salud y Protección Social, Defensa Nacional y el Fondo Colombia en Paz han firmado un convenio que garantiza la rehabilitación física y psicosocial de aquellos firmantes del Acuerdo de Paz y víctimas del conflicto armado que sufren discapacidades a causa de lesiones de guerra. Este esfuerzo conjunto representa un paso significativo, ya que por primera vez en más de siete años desde la firma del Acuerdo de Paz se asignan recursos estatales para atender de manera diferencial a esta población en materia de salud.
El convenio, numerado como 056 de 2024, tiene como objetivo principal destinar inicialmente $40 mil millones para la atención de cerca de 1.280 personas firmantes del Acuerdo de Paz que han sido caracterizadas con discapacidad debido a lesiones de guerra. Esta inversión abarcará diversos frentes, incluyendo la certificación de discapacidad, rehabilitación en niveles de baja y media complejidad, así como procedimientos protésicos y quirúrgicos, entre otros. Se espera que esta atención aborde las necesidades de aproximadamente el 70% de las 1.884 personas identificadas con discapacidad por lesiones de guerra.
Los representantes gubernamentales expresaron su compromiso de superar las barreras de acceso a la salud que enfrentan los firmantes de paz, así como de brindar una atención diferenciada a las lesiones derivadas del conflicto armado. Además, se busca garantizar el principio de oportunidad y atención en salud, especialmente para las víctimas del conflicto, en aras de asegurar su derecho a una vida digna.
Este esfuerzo se enmarca dentro de una estrategia más amplia del Gobierno del Cambio para garantizar los derechos de esta población, reconocida como sujeto de especial protección según lo establecido en la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. Se espera que este proceso de articulación interinstitucional fortalezca las redes e Instituciones Prestadoras de Salud, especialmente en los municipios PDET, y cubra los gastos de aquellos que requieran atención en lugares alejados de sus residencias.
La Asociación CONELAEC desempeña un papel fundamental en este proceso, colaborando activamente en la identificación de necesidades en los territorios y asegurando que las acciones afirmativas del Gobierno del Cambio se traduzcan en resultados tangibles para la población afectada.
Según datos proporcionados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la distribución de esta población incluye a 340 mujeres, 1.543 hombres y una persona diversa. La mayoría de los afectados se encuentran en los departamentos de Meta, Antioquia y Caquetá, y presentan discapacidades físicas como la más común, seguida por discapacidades visuales, múltiples, auditivas, psicosociales/mentales e intelectuales.
