Reprimir la crítica también es ‘pecado’ en La Bonita

Por: Bonifacio Varela/ EL FRENTE

Bucaramanga fue testigo de un nuevo episodio de intolerancia institucional cuando, en plena sesión del Concejo el sábado 15 de marzo, la concejala Daniela Torres Zárate (Partido Verde) fue objeto de ataques por parte de aparentes funcionarios de la Administración Municipal. Mientras realizaba un control político sobre las estrategias de la Alcaldía en temas de equidad de género, dos contratistas adscritos a la Secretaría del Interior y la Oficina de Prensa decidieron intervenir... pero no con argumentos, sino con insultos.

Aunque los comentarios han sido borrados de la plataforma Youtube, esta casa editorial tiene certeza de los autores de los comentarios y la despectiva manera en la que se refirieron a la concejala por lo que adjuntamos el pantallazo de dichos ataques acontecidos en la sesión del Concejo.

Charly Mateus León, uno de los aparentes contratistas implicados, dejó su huella en la transmisión en vivo de YouTube: “Concejal, que argumento tan improvisado… esperaba más fundamentos, pero toda su participación se quedó en nada. Triste intervención”. Su colega, también supuesto funcionario de la administración local, Edwing Morales, también quiso aportar su cuota de hostigamiento: “La concejal Daniela no sabe ni qué es lo que habla… Ignorante”, le gritaron desde la tribuna.

El incidente desató la indignación de otros concejales quienes, en un inusual acto de solidaridad, decidieron levantarse y suspender la sesión. “Es inaceptable que funcionarios municipales se dediquen a atacar a los concejales en lugar de responder con respeto a los controles políticos”, expresó el presidente del Concejo, Tito Rangel.

Cuando la memoria es un problema

Pero el Concejo no habría sido el único escenario donde la Alcaldía de Jaime Andrés Beltrán habría decidió desplegar el que eufemísticamente denominan en voz baja como un manual de represión. Apenas un día antes, el viernes 14 de marzo, empleados del Departamento Administrativo de Espacio Público (DADEP) protagonizaron otro episodio de censura al cubrir con pintura gris el mural ‘Las cuchas tienen razón’, una obra de memoria histórica que ya había sido eliminada en ocasiones anteriores, solo porque aparentemente no estaría alineada con la identidad ideológica del mandatario bumangués.

Como si la acción no fuera suficiente, la administración municipal instaló pancartas con la frase “No se compre un problema”, lo que fue interpretado como una intimidación directa a quienes intenten recuperar la expresión artística.

Nuevamente, la indignación no se hizo esperar. La Defensoría del Pueblo de Santander emitió un comunicado denunciando la acción como una violación a la libertad de expresión y convocó al alcalde Beltrán a una reunión urgente el 21 de marzo.

“Compramos el problema”: La respuesta de las víctimas de desaparición forzada

La eliminación del mural también generó reacciones de víctimas de desaparición forzada y organizaciones de derechos humanos. Grupos como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y colectivos feministas respondieron con la frase “Compramos el problema”, desafiando la narrativa de la Alcaldía y reafirmando su derecho a la memoria histórica.

Adriana Lizarazo, víctima de desaparición forzada, señaló que la acción no solo borra la memoria de las víctimas, sino que también busca intimidar a quienes exigen justicia. “La censura es un acto violatorio a los derechos humanos. Nos quieren hacer creer que la memoria es un problema, cuando el verdadero problema es la impunidad”, declaró.

El alcalde Jaime Andrés Beltrán parece empeñado en devolver a Bucaramanga a tiempos en los que la crítica se castigaba con destierro y la memoria colectiva se borraba con brocha gorda. Su gobierno, lejos de abrir espacios de diálogo y garantía de derechos, ha optado por la represión y la censura como respuestas predilectas.

Mientras en otras ciudades los gobiernos locales promueven el arte callejero y el grafiti como herramienta de reflexión y construcción de paz, en Bucaramanga se gasta pintura gris para borrar lo que incomoda.

Mientras en democracias sanas los concejales tienen el derecho de ejercer control político sin temor a represalias, aquí deben enfrentarse a ataques virtuales orquestados desde la propia administración municipal.

La reunión convocada por la Defensoría del Pueblo podría ser una oportunidad para que la Alcaldía rectifique su postura. Sin embargo, si la lógica de la represión sigue imperando, es probable que en la próxima sesión del Concejo en lugar de argumentos se repartan brochas, y que en la próxima pintura gris no solo se cubran murales, sino también las pocas libertades que aún quedan en Bucaramanga.