“Roben, pero hagan”

Por: Óscar Jahir Hernández Rugeles

La decadencia de la política en Santander. Podría cualquiera decir que ‘se emborrachó la policía’ tras escuchar al ex patrullero y hoy diputado de Santander, Martín Alonso Gutiérrez, lanzar la insólita afirmación: ‘roben si quieren, pero inviértanlo en el departamento’.

Esta declaración es una contradicción alarmante. Como servidor público y exagente de la ley, Gutiérrez debería encarnar los valores de integridad y justicia que exige su función. Cuando alguien que alguna vez juró hacer cumplir la ley ahora justifica el uso indebido de los recursos públicos, está tomando una postura peligrosamente cercana a la aceptación del delito, siempre y cuando se dé un aparente ‘beneficio’. Así, no solo deslegitima su rol, sino que también siembra en la ciudadanía la idea de que la corrupción, con ‘justificaciones’, es tolerable.

También a Pablo Escobar se le celebró en su momento la construcción de viviendas para comunidades de bajos recursos, como en el famoso proyecto “Medellín sin Tugurios”. La misma indulgencia se mostró hacia Gonzalo Rodríguez Gacha, quien, en el municipio de Pacho, Cundinamarca, financió escuelas y canchas deportivas. Y en uno de los casos más notorios, una parte de la sociedad colombiana defendió a David Murcia Guzmán, quien, a través de su modelo de negocios ilícitos DMG, ganó apoyo popular. Estos ejemplos reflejan cómo varios delincuentes en Colombia han “invertido” en sus comunidades, intentando disfrazar de filantropía lo que en realidad es una táctica para ganar legitimidad y protección local.

El excandidato presidencial Sergio Fajardo señaló en su momento que esa frase es un reflejo del cinismo de los corruptos, calificando la corrupción como una enfermedad grave para Colombia, que acepta convivir con ladrones mientras “dejen algo y no se lo roben todo”.

En un departamento como Santander, donde escasean las obras, las inversiones nacionales y la infraestructura moderna, declaraciones de este tipo deben ser rechazadas firmemente, pues perpetúan la desigualdad y el atraso social. Que el diputado haya sido policía agrava aún más la situación, ya que, siendo miembro de una institución destinada a proteger y hacer cumplir la ley, su rol debería encarnar rectitud y respeto por el marco legal.

La permisividad hacia la corrupción en este contexto erosiona la confianza en las autoridades y las instituciones, sembrando una peligrosa resignación y desconfianza en la sociedad. Más aún si se considera que quien defiende estas ideas tiene la responsabilidad, según la Ley 2200 de 2022, de elegir al contralor departamental y liderar debates de control político sobre el uso de recursos públicos.

Ante esto, cabe preguntarse: ¿qué autoridad moral puede tener alguien para defender los dineros de los santandereanos cuando tolera que se los roben? Sin duda, esta ha sido una de las peores declaraciones políticas de un diputado en la Asamblea de Santander. Frente a esto, solo queda rechazarla enérgicamente y exigir respeto al ordenamiento legal colombiano, una lucha en la que todos debemos participar para construir una sociedad más justa y equitativa.