Rosa Amira, la santandereana que ganó pulso a Petro por defender comunidades de Santurbán

Una líder minera y ambiental de Santander convirtió la defensa de las comunidades rivereñas de la Quebrada La Baja en una batalla por el derecho a participar en las decisiones sobre su propio territorio. Su acción judicial abrió el camino para que el Gobierno reversara una resolución expedida en los últimos días de la administración Petro condenaba a las comunidades de la región a la miseria.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Rosa Amira Mendoza Jaimes, líder minera y ambiental de Soto Norte, se convirtió en una de las protagonistas de la controversia por la protección de la microcuenca de la quebrada La Baja, un territorio donde los habitantes reclaman el derecho a seguir participando en las decisiones que afectan su vida, su economía y su futuro.

Directora de la Organización de Mujeres Mineras y Ambientales de Soto Norte, Mendoza no llegó recientemente a la discusión sobre Santurbán. Desde hace más de una década sostiene que la protección del agua y la defensa de las comunidades mineras deben formar parte de una misma conversación. Su liderazgo, construido desde el territorio y no desde un escritorio en la capital del país, la llevó a cuestionar ante la justicia el procedimiento mediante el cual el Gobierno anterior pretendió establecer una reserva permanente en La Baja.

La controversia alcanzó su punto más crítico el 6 de agosto, cuando el entonces Ministerio de Ambiente, bajo la administración de Gustavo Petro, expidió la Resolución 0994, mediante la cual declaró una reserva permanente de 1.499 hectáreas en la microcuenca de la quebrada La Baja, en California.

La medida fue adoptada a menos de 24 horas del cambio de Gobierno y afectaba un territorio ubicado por fuera del Páramo de Santurbán, donde las comunidades de la zona desarrollan actividades mineras desde hace más de 400 años.

Para Mendoza, el problema no era la protección ambiental. Su reclamo estaba relacionado con la forma en que se adelantó el procedimiento y con las garantías de participación de los habitantes de la región.

Entonces, junto con otros habitantes de California y organizaciones mineras de Soto Norte, con el respaldo de la Alcaldía municipal y la Personería, Rosa Amira Mendoza acudió a la justicia mediante una acción de tutela contra el Ministerio de Ambiente, acción que tenían como argumento central que la comunidad no habría contado con toda la información necesaria para conocer el alcance de la reserva durante el proceso de consulta pública. Entre los elementos cuestionados estuvo el anexo cartográfico que permitía identificar los límites del área protegida, cuya incorporación al expediente habría ocurrido posteriormente.

Los accionantes también aportaron un informe de informática forense relacionado con modificaciones en los documentos publicados durante el trámite. El caso llegó al Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, que amparó los derechos relacionados con el acceso a la información, la participación ciudadana y el debido proceso, y ordenó rehacer el procedimiento.

La decisión judicial abrió el camino para que el nuevo Ministerio de Ambiente revisara la medida. Tres días después, la entidad expidió la Resolución 1037, mediante la cual revocó la Resolución 0994 y anunció una nueva evaluación técnica y jurídica para definir la protección de La Baja.

El liderazgo de Rosa Amira Mendoza no nació con la tutela. Su recorrido político y comunitario muestra una mujer que ha intentado llevar las preocupaciones de California a los espacios donde se toman decisiones. En 2011 aspiró al Concejo municipal y obtuvo 41 votos. En 2019 volvió a presentarse, esta vez por el Partido ADA, y alcanzó 114 votos, con los que llegó a la corporación municipal.

En 2024 fue designada representante del sector agrícola en el Consejo Territorial de Planeación de California. Durante estos años se convirtió en una voz recurrente en las discusiones sobre minería, agua, ambiente y territorio. Su trabajo desde la Organización de Mujeres Mineras y Ambientales de Soto Norte le ha permitido acompañar las inquietudes de comunidades que reclaman ser escuchadas antes de que se adopten decisiones que puedan transformar sus condiciones de vida.

Su postura parte de una idea que ha repetido en distintos escenarios: proteger el agua y defender a las comunidades mineras no son posiciones necesariamente contradictorias. “Proteger el agua y defender a las comunidades mineras no tienen por qué ser posiciones contradictorias”, sostiene Mendoza.