Santander, entre los territorios con mayor conflictividad minera y social del país

El departamento registra una importante concentración de conflictos relacionados con la actividad minero-energética. Las tensiones por la formalización minera, la protección del agua, los impactos ambientales y las demandas de las comunidades evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de diálogo y concertación.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La creciente conflictividad social en Santander, particularmente alrededor de las actividades mineras y la protección de los recursos naturales, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, diálogo y transformación pacífica de los conflictos ya que el departamento figura entre los territorios con mayor concentración de registros de conflictividad minero-energética en Colombia, de acuerdo con un informe reciente de la Defensoría del Pueblo.

Según el documento, entre enero de 2022 y el 31 de agosto de 2026, se registraron 889 conflictos sociales relacionados con el sector minero-energético, equivalentes al 6 % de los 14.910 casos identificados en el país durante ese periodo.

La situación de Santander es preocupante ya que, tal y como lo deja en evidencia el Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo, entre enero de 2022 y octubre de 2025 se registraron 588 conflictos sociales manifiestos en 43 de los 87 municipios del departamento. Esta cifra representó el 5 % de los 10.736 eventos contabilizados en el país durante ese mismo periodo.

Además, solamente en los primeros diez meses de 2025, Santander acumuló 175 conflictos sociales de diversa índole, relacionados principalmente con reclamaciones laborales, dificultades en el acceso a la educación, deterioro de las vías, baja inversión estatal, problemas de transporte y movilidad, deficiencias en los servicios públicos y afectaciones al derecho al agua y a un ambiente sano.

Este escenario evidencia que las tensiones sociales del departamento responden a diferentes problemáticas estructurales y a las demandas de comunidades que reclaman mayor presencia institucional, garantías de derechos e inversión en sus territorios.

En el ámbito minero-energético, Santander también aparece entre los departamentos con mayor concentración de manifestaciones sociales. El informe de la Defensoría identifica a Antioquia, La Guajira, Boyacá, Córdoba y Santander entre los territorios con más registros de conflictividad en este subsector.

El debate entre minería y protección del agua

Uno de los escenarios que permite comprender las particularidades de la conflictividad minera santandereana es la provincia de Soto Norte, especialmente los municipios de California, Vetas y Suratá.

Según lo detalla el informe de la Defensoría del Pueblo, en esta zona confluyen la tradición de la pequeña minería y las actividades económicas de comunidades que históricamente han dependido de la extracción de oro, con la importancia ambiental del complejo de páramos de Santurbán, estratégico para la regulación hídrica y el abastecimiento de agua.

La discusión involucra diferentes intereses: por una parte, las comunidades mineras que reclaman reconocimiento de su actividad tradicional, alternativas económicas y garantías para avanzar en procesos de formalización; por otra, las autoridades ambientales y sectores ciudadanos que insisten en la protección de los ecosistemas de alta montaña y de las fuentes hídricas.

En junio de 2024, el Ministerio de Ambiente realizó un encuentro con comunidades mineras de California, Vetas y Suratá para avanzar en la construcción de acuerdos sociales. En esa oportunidad, la cartera ambiental planteó que la formalización de la pequeña minería tradicional debía desarrollarse bajo criterios de ordenamiento territorial alrededor del agua y protección del ciclo hídrico.

Posteriormente, en enero de 2025, el Ministerio adelantó jornadas de socialización y participación comunitaria en municipios de Soto Norte frente a la iniciativa de una reserva temporal en Santurbán, reiterando la necesidad de mantener abiertos los canales de diálogo con las poblaciones de la región.

A este escenario se suman las discusiones sobre el proyecto minero Soto Norte y sus antecedentes de evaluación ambiental, que han convertido la relación entre minería, sostenibilidad y disponibilidad de agua en uno de los principales asuntos de debate público en Santander.

En julio de 2026, el Ministerio de Ambiente adoptó una metodología de delimitación progresiva de páramos mediante la Resolución 863 de ese año y publicó para comentarios el proyecto de delimitación progresiva de Santurbán, un nuevo capítulo de un proceso que mantiene la participación comunitaria como elemento central.

Manifestaciones mineras

El panorama nacional presentado por la Defensoría del Pueblo también permite dimensionar las características de las protestas relacionadas con la minería. Entre enero de 2022 y agosto de 2026 se contabilizaron 320 manifestaciones en 121 municipios de 24 departamentos y Bogotá, D. C.

Las principales causas estuvieron relacionadas con las exigencias de formalización minera y el rechazo a las acciones de control de esta actividad, que representaron el 36 % de los registros. Le siguieron los reclamos por impactos ambientales, con el 25 %, y las demandas relacionadas con derechos laborales y contratación de bienes y servicios en los territorios, con el 21 %.

En cuanto a las formas de protesta, los bloqueos o cortes de vías representaron el 47 % de los registros, seguidos por los plantones o concentraciones, con el 28 %, y las marchas o movilizaciones, con el 15 %.

Estas cifras reflejan que las controversias alrededor de la minería no se limitan a las condiciones de explotación de los recursos naturales. También involucran asuntos económicos, laborales, ambientales y de reconocimiento de las comunidades que desarrollan actividades productivas en los territorios.

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo realizó en Montería el Encuentro con Comunidades Mineras Informales y Artesanales de Antioquia, Córdoba, Caldas y Risaralda, un espacio orientado a compartir experiencias, lecciones aprendidas y buenas prácticas para el manejo de los conflictos sociales.

La jornada buscó fortalecer las capacidades de líderes y lideresas para identificar señales tempranas de posibles escaladas de conflictividad, participar en procesos de mediación y construir alternativas de solución mediante el diálogo.

Asimismo, se intercambiaron herramientas técnicas para mejorar la interlocución entre las comunidades, las empresas y las instituciones del Estado, con énfasis en la prevención de vulneraciones de derechos humanos y la atención oportuna de las demandas territoriales.

Aunque Santander no hizo parte de los cuatro departamentos convocados a este encuentro, su presencia entre los territorios con mayor concentración de conflictos minero-energéticos y su historial de movilización social hacen especialmente pertinente extender este tipo de estrategias a sus comunidades.

El reto para el departamento consiste en avanzar hacia escenarios de concertación que permitan armonizar la formalización de la minería tradicional, la protección de los recursos hídricos, las garantías laborales y las necesidades económicas de las poblaciones.

En territorios como Santander, donde las tensiones por el uso de los recursos naturales y las demandas sociales convergen, la prevención y la mediación institucional son fundamentales para evitar que las diferencias escalen hacia escenarios de mayor confrontación.