Resumen
El Ministerio Público de Colombia citará a los líderes de Santander y Norte de Santander por su manejo de la crisis migratoria local. La Procuraduría encontró negligencia estatal hacia migrantes, incluyendo niños y mujeres embarazadas, y la persistencia del tráfico humano.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El Ministerio Público citará para los próximos días a gobernadores y alcaldes de Santander y Norte de Santander a una audiencia preventiva en la que se definirán compromisos puntuales para restablecer los derechos de estas personas y se evaluarán medidas disciplinarias frente a los incumplimientos.
Un informe realizado recientemente por la Procuraduría General de la Nación pudo establecer que persiste la crisis en la ruta que conduce de Cúcuta a Bucaramanga, por donde transitan de 800 a 3 mil migrantes de ese país cada mes.
El equipo, liderado por el Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, pudo establecer la ausencia y el abandono de las entidades estatales responsables de la atención al migrante en los 198 kilómetros, a pesar de que al menos el 30% de estos migrantes son niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados de sus familias. También se han registrado en lo corrido del año, 113 mujeres gestantes y 154 madres lactantes en la ruta, sin recibir ninguna atención del estado.
Esto además de otras vejaciones cómo la trata de personas con fines sexuales y prostitución infantil, entre otras que denuncian los caminantes.
Durante el recorrido, el equipo visitó cinco puntos de atención al migrante financiados y operados en su totalidad por organismos de cooperación internacional, que tendrán que cerrar sus puertas en el segundo semestre de 2024 por falta de recursos, a pesar de múltiples solicitudes de apoyo que han elevado frente a las administraciones locales y al gobierno nacional.
Con la información recaudada y tras verificar el incumplimiento de las 167 recomendaciones hechas por el Ministerio Público para enfrentar la crisis migratoria, el delegado Sarmiento anunció que citará en los próximos días a los gobernadores y alcaldes de Santander y Norte de Santander a una audiencia preventiva en la que se definirá compromisos puntuales para restablecer los derechos de estas personas vulnerables y se evaluarán medidas disciplinarias frente a los incumplimientos.
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