Santander y el Magdalena Medio, entre las regiones donde más se ha incrementado la restitución de tierras

El anuncio lo hizo Giovani Yule, director general de la Unidad de Restitución de Tierras, al cumplirse este 10 de junio el aniversario de sanción de la Ley 1448 de 2011.  En su balance destacó que 5 millones 711 mil 903 hectáreas (5.711.903) han sido reclamadas ante jueces y magistrados. Su gestión, en foco de los territorios, se muestra en el rostro de los beneficiarios.

Con 69 años, Héctor Julio Sáenz se reconoce a sí mismo como un habitante rural, campesino y, sobre todo, un soñador. Él, después de trabajar en proyectos ajenos y cuando sus tres hijos ya habían formado sus propias familias, compró en 2004 La Toma, una fanegada de tierra en la vereda La Ruidosa, Viotá, Cundinamarca. Allí inició su propio proyecto piscícola, gracias a un préstamo del Banco Agrario.

Cinco años después, guerrilleros del frente 42 de las Farc-Ep, le robaron su capital y lo obligaron a abandonar la región. Despojado de su predio y de su proyecto de vida fue desplazado, con las manos vacías, sobreviviendo en Bogotá y Girardot, en múltiples oficios, sobre todo de atención al público y hostelería.

Tras años de trasegar en Bogotá y ver pocas oportunidades de progreso, decidió acercarse a la Unidad de Restitución de Tierras, un proceso con el que logró ser reconocido como víctima y recuperar la tierra de la que fue desplazado.

Una vez volvió a respirar y vivir en su predio, Héctor complementó los estanques de cría de peces con la posibilidad de ofrecer una experiencia campestre y así nació el Glamping Tres Piedras, una posada campestre para el disfrute familiar.

Este beneficiario de la restitución se ha convertido en un símbolo de lucha y superación para la comunidad. Con cada huésped que lo visita comparte su pasión por la vida rural y la importancia de valorar y preservar el entorno natural.

La historia de Héctor es la misma que comparten miles de personas que han regresado a sus territorios tras los procesos de restitución de tierras que en 13 años deja en manos de campesinos y comunidades étnicas 659.351 hectáreas restituidas o compensadas.

Un camino que la entidad ha recorrido en medio del conflicto, en la falta de acceso a zonas por alteraciones de orden público o los tiempos que se han tomado para lograr determinar la dimensión del desplazamiento y el despojo de tierras en Colombia.

Con el fin de contrarrestar los obstáculos presentados y lograr centrar el proceso en los derechos territoriales de las víctimas, por encima de intereses políticos y económicos se ha dedicado a transformar la institución y buscar el respaldo de distintos sectores para impulsar la restitución.

13 años con la esperanza viva

En su recorrido, armonizando tierras y territorios, la URT busca que el reconocimiento de los derechos territoriales sea integral, con enfoque de seguridad alimentaria y desarrollando proyectos productivos que garanticen la calidad de vida para los beneficiarios de la restitución como Sáenz, en Viotá.

Uno de los puntos en los que centró sus esfuerzos la Unidad, una vez inició el Gobierno del Cambio, fue revisar las decisiones en las que se le negó el derecho a las víctimas de regresar a sus tierras. En ese esfuerzo se revocaron 1.974 resoluciones de no inscripción y hoy los reclamantes de estas tierras recuperaron la esperanza de volver. “Revisamos los registros de solicitudes negadas, corregimos y ahora 166.937 hectáreas serán devueltas a sus legítimos propietarios y se pasó de negar, en anteriores gobiernos el 65% de solicitudes, a aprobar en el actual Gobierno, el 72%”, señaló el director Yule.

Igualmente, en este Gobierno del Cambio se eliminó el Equipo de Asuntos Ambientales, Minero Energético y de Infraestructura, AMEI, con el cual se priorizaban los intereses de las empresas, y no el restablecimiento de los derechos de las víctimas. Una situación que se repitió a lo largo de los años de la vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y con el Gobierno del Cambio se corrigió. “Hoy centramos nuestros esfuerzos en los derechos de las víctimas”, enfatizó.

Entre los objetivos alcanzados la URT logró, a través del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia potencia mundial de la vida”, reformar la Ley 1448 de 2011 reconocer a las víctimas que se encuentran en reservas forestales o parques naturales, para compensarlas y reubicarlas.

El camino administrativo

•             El 50% de las tierras inscritas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF) se hizo en el Gobierno del Cambio. En cifras, esto representa que 5 millones 711 mil 903 hectáreas (5.711.903) son reclamadas a jueces y magistrados. 96 mil 944 (96.944) corresponden a ruta individual y 5 millones 614 mil 959 a ruta colectiva (5.614.959).

•             Se creó la Dirección Territorial de Chocó y la Oficina de Tumaco. Con esta decisión la Unidad llegó a los territorios más apartados y olvidados del país y fortaleció los procesos ubicados en la región del Pacífico.

Etapa judicial

•             En el actual Gobierno se presentaron ante los jueces 5 mil 224 (5.224) solicitudes de restitución, labor que dejó en manos de la justicia 5 millones 93 mil 704 hectáreas (5.093.704), las cuales favorecen a 58 mil 409 familias (58.409).

•             La Unidad acompañó al Consejo Superior de la Judicatura en la creación de 8 juzgados especializados en restitución de tierras.  Por primera vez, se cuenta con 5 juzgados dedicados a resolver la restitución de derechos étnico-territoriales en Apartadó (1), Mocoa (1), Popayán (2) y Quibdó (1).

Etapa posfallo

•             En trabajo adelantado en el Gobierno del Cambio los jueces y magistrados de restitución de tierras han proferido mil 625 sentencias (1.625) de las cuales 7 son étnicas, que ordenan la restitución de 95 mil 196 hectáreas (95.196). En la vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se han proferido 9 mil 131 (9.131) sentencias en ruta individual y 31 en ruta colectiva, para un total de 659 mil 351 (659.351) hectáreas restituidas.

•             Se logró la entrega material y por compensaciones de 24 mil 914 hectáreas (24.914) a 639 personas reconocidas en fallos de restitución y 394 familias compensadas en ruta individual. Para el caso de pueblos étnicos la Unidad entregó 16 mil 303 hectáreas (16.303) a mil 077 personas (1.077) de 3 comunidades.

•             En este Gobierno y por primera vez en la historia de la restitución de tierras se implementó el componente de seguridad alimentaria que atendió a 13 comunidades étnicas favoreciendo a 11 mil 754 familias (11.754). Esto significó una inversión de 33.961 millones de pesos en Cauca, Valle del Cauca, Cesar, Chocó y Magdalena.

•             Mil 165 (1.165) proyectos productivos con una inversión de 50 mil 300 millones de pesos ($50.300 millones) en 25 departamentos. El 66% de los proyectos se desarrollaron en la línea pecuaria y el 34% en la línea agrícola.

El director Yule señaló que “esperamos entregar 2.726 predios en restitución y vía compensación. Hoy tenemos un avance del 43% que corresponde a 1.177 predios entregados a víctimas que fueron desplazadas y/o despojadas o segundos ocupantes reconocidos en fallos”.

La URT continúa avanzando en el Magdalena Medio

La Dirección Territorial Magdalena Medio ha venido desempeñando un arduo trabajo en el Magdalena Medio y Sur de Bolívar, sobresaliendo en el ámbito nacional de la Unidad de Restitución de Tierras (URT).

Hasta el momento hay 9 mil 893 solicitudes de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, de las cuales 1.484 solicitudes de restitución se han presentado ante los jueces.

Esto ha sido un avance significativo en la región, teniendo en cuenta, que en los anteriores años los casos de restitución no escalaban o eran negadas las solicitudes presentadas por las víctimas de abandono y/o despojo.

Por su parte, el director territorial Magdalena Medio de la URT, Rafael Figueroa Rincón afirmó “Hemos adelantado de manera satisfactoria los trámites administrativos de restitución. Estamos comprometidos en trabajar, por eso, más del 50 por ciento de los trámites son inscripciones y decisiones favorables, para los campesinos y víctimas de abandono y/o despojo forzado de la región”.