Santiago Peña renunció a la Presidencia de Paraguay en medio de escándalo financiero

Paraguay atraviesa una crisis política y financiera luego de que Santiago Peña anunciara su renuncia a la Presidencia, en medio del escándalo por la intervención y disolución de Ueno Bank. La decisión se conoció este miércoles 5 de noviembre, antes de que el Senado debatiera el proceso de juicio político promovido por legisladores opositores y disidentes del oficialismo.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República”, afirmó Peña en un mensaje difundido a través de su cuenta en la red social X. El mandatario aseguró que su salida buscaba preservar la estabilidad, la paz social y las instituciones democráticas del país.

En su pronunciamiento, también se refirió a los ahorristas afectados por la situación del banco. “Mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero”, manifestó. Además, pidió que se garantice la devolución de los recursos y la protección de los fondos públicos.

La renuncia se produjo después de que el expresidente Horacio Cartes, actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), anunciara que el Partido Colorado acompañaría el juicio político contra Peña. Cartes había impulsado la candidatura del mandatario en las elecciones de 2023 y su pronunciamiento representó un giro decisivo dentro del oficialismo.

“Ninguna persona está por encima del Paraguay”, expresó Cartes al justificar el respaldo de su partido al proceso de destitución.

El juicio político llegó al Congreso

La solicitud de juicio político contra Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana, fue presentada por 35 legisladores, quienes invocaron el artículo 225 de la Constitución paraguaya.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad avanzar con el proceso y trasladó la decisión al Senado. La Cámara Alta debía definir si aceptaba la renuncia del mandatario o continuaba con el debate del impeachment. Según el procedimiento constitucional, se requerían 30 votos de los 45 senadores para declarar culpables a los acusados y abrir paso a su destitución.

El vicepresidente Pedro Alliana también quedó involucrado en el pedido de juicio político. La definición del Senado sería determinante para establecer el procedimiento de sucesión presidencial y la continuidad institucional del país.

La intervención de Ueno Bank desató la crisis

El origen del escándalo está en la decisión del Banco Central del Paraguay (BCP) de intervenir y disolver Ueno Bank, luego de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.

La entidad tenía cerca de 2,9 millones de clientes en un país de aproximadamente 6,1 millones de habitantes. Además, administraba alrededor de 850 millones de dólares en fondos públicos, incluidos recursos del Instituto de Previsión Social.

La intervención provocó filas de ahorristas frente a las sucursales y manifestaciones en Asunción. Ante la preocupación por los depósitos, el Congreso aprobó una ley de emergencia que Peña promulgó el miércoles. La norma estableció un anticipo del Fondo de Garantía de Depósitos de hasta 40 salarios mínimos mensuales por depositante, equivalentes a unos 19.787 dólares, en un plazo máximo de cinco días hábiles desde su entrada en vigor.

La crisis también llegó al ámbito judicial. La Fiscalía imputó a 27 personas por presuntas irregularidades financieras relacionadas con préstamos y sobregiros concedidos entre 2025 y 2026 a empresas vinculadas al mismo grupo económico.

Entre los investigados se encuentra Miguel Vásquez, uno de los fundadores y principales accionistas del banco, para quien el Ministerio Público solicitó prisión preventiva. Para otros siete directivos pidió arresto domiciliario.

Mientras avanzan las investigaciones y las decisiones del Congreso, los ahorristas esperan que se concrete la devolución de sus recursos. La renuncia de Peña abrió un nuevo capítulo de incertidumbre política en Paraguay, en una crisis que combina cuestionamientos al sistema financiero, investigaciones judiciales y una disputa por la continuidad del poder ejecutivo.