¡Se cayó el gerente del Fondo Milagro! Abelardo acepta que pudo existir corrupción con los dineros de la reconstrucción: “Si nos equivocamos, lo reconocemos”
Cayó el gerente del Fondo Milagro tras revelarse salarios millonarios y una baja ejecución de los recursos destinados a la reconstrucción.
Cayó el gerente del Fondo Milagro tras revelarse salarios millonarios y una baja ejecución de los recursos destinados a la reconstrucción.
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Jaime Andrés Uribe salió de la dirección del organismo creado para reconstruir las regiones devastadas por el terremoto del 10 de agosto. La decisión presidencial llegó después de revelarse salarios de hasta $39,4 millones, directivos que ganaban más que un ministro, una estructura de 110 cargos y contratos por apenas $7.440 millones frente a un presupuesto de $624.656 millones. El costo de mantener funcionando el Fondo supera los $1.000 millones mensuales, mientras miles de damnificados esperan soluciones.
La austeridad presidencial terminó pasando su primera factura en el Fondo Milagro. El presidente Abelardo De La Espriella aceptó la renuncia de Jaime Andrés Uribe, gerente de la entidad encargada de coordinar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto, después de que se conociera una estructura de gastos administrativos y remuneraciones que desató una tormenta política y puso en entredicho el discurso de reducción de la burocracia del Gobierno.
La salida del directivo se produjo apenas un día después de que el mandatario ordenara reversar los salarios que habían sido establecidos para los funcionarios del organismo, al considerar que las remuneraciones no correspondían con las instrucciones de austeridad impartidas a su administración.
«Cuando se cometen errores, no los ocultamos: los reconocemos y los corregimos de inmediato», manifestó De La Espriella al anunciar que había aceptado la renuncia, tal como se la había solicitado el propio funcionario.
El presidente defendió su decisión asegurando que en su Gobierno nadie tiene el puesto garantizado y que todos los integrantes del Ejecutivo permanecen bajo evaluación. También reconoció que no es infalible, pero aseguró que cuenta con los mecanismos y la determinación necesarios para corregir las decisiones que considere equivocadas.
La crisis, sin embargo, dejó una pregunta mucho más incómoda que la salida de un gerente: ¿cómo terminó una entidad creada para atender a las víctimas de una tragedia natural con una estructura administrativa que cuesta más de $1.000 millones mensuales, mientras los contratos de reconstrucción apenas comenzaban a despegar?
Los salarios que encendieron el escándalo
La controversia comenzó cuando la senadora Kamelia Zuluaga, del Pacto Histórico, hizo públicos los documentos entregados por el Fondo Milagro en respuesta a un derecho de petición sobre su estructura administrativa y los salarios de sus trabajadores. Las cifras provocaron indignación porque mostraron remuneraciones que superaban ampliamente los ingresos de buena parte de los funcionarios de la administración pública.
El gerente Jaime Andrés Uribe tenía asignada una remuneración mensual de $39.441.454. Su secretario privado recibía $36 millones, exactamente lo mismo que devengaban cinco directores de áreas estratégicas, entre ellos los responsables de las dependencias jurídica y de contratación, financiera y presupuestal, planeación e ingeniería y reconstrucción.
La estructura también contemplaba 13 coordinadores con salarios de $33 millones mensuales cada uno y un coordinador regional con una remuneración de $30 millones.
En total, 20 de los 27 trabajadores vinculados hasta el momento recibían salarios iguales o superiores a los $30 millones mensuales.
La comparación con el resto del Estado terminó de alimentar la polémica. Según el Decreto 0312 de 2026, un ministro del Gobierno nacional devengaba aproximadamente $30,7 millones mensuales. Esto significaba que el gerente del Fondo Milagro recibía cerca de $8,7 millones más que un ministro de la República.
El coordinador de comunicaciones, por ejemplo, tenía asignada una remuneración de $33 millones mensuales, mientras que otros profesionales técnicos y analistas percibían entre $5,8 millones y $18,9 millones.
La suma de los salarios de los 27 trabajadores vinculados alcanzaba los $765,6 millones mensuales, sin incluir primas ni prestaciones sociales.
Pero el documento reveló otro dato que llamó la atención de los investigadores y de los sectores políticos que comenzaron a exigir explicaciones: la estructura organizacional contemplaba hasta 130 cargos, aunque para el momento del reporte solamente se encontraban vinculadas 27 personas.
Es decir, la nómina conocida podría crecer considerablemente si se llegara a completar la totalidad de los puestos proyectados. A la nómina se sumaba la comisión que recibe Fiducoldex, la sociedad fiduciaria encargada de administrar el patrimonio autónomo y contratar al personal del Fondo.
De acuerdo con el contrato de fiducia, la comisión fija mensual corresponde a 142 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin IVA, equivalente aproximadamente a $248,6 millones.
La remuneración de la fiduciaria se paga con los rendimientos financieros de los recursos administrados y, cuando estos no son suficientes, puede cubrirse con recursos del Fondo, según las condiciones contractuales.
La suma de los salarios y la comisión fiduciaria arroja una cuenta superior a los $1.014 millones mensuales, sin incluir otros costos operativos ni las prestaciones sociales de los trabajadores.
En términos anuales, mantener esa estructura administrativa representaría más de $12.000 millones, una cifra que adquiere especial relevancia cuando se compara con el volumen de contratación que había reportado la entidad para atender directamente la emergencia.
La discusión no está únicamente en cuánto gana cada funcionario, sino en la proporcionalidad entre el costo de administrar el Fondo y los resultados concretos que deben recibir las familias damnificadas.
¿Y dónde está la plata de la reconstrucción?
El segundo capítulo del escándalo apareció cuando se conoció el balance contractual presentado por Jaime Andrés Uribe ante el Congreso. En un documento dirigido a la Comisión Accidental Bicameral encargada de hacer seguimiento a la atención de los damnificados, el gerente informó que el Fondo había adelantado procesos contractuales por $7.440 millones.
La cifra representa apenas el 1,19 % de los $624.656 millones aprobados para el Programa de Intervenciones Urgentes y Prioritarias. Pero lo más llamativo es que esos procesos estaban concentrados en una sola línea de intervención: las demoliciones de edificaciones afectadas por el terremoto y sus respectivas interventorías en Pereira y Cali.
De acuerdo con el reporte, se habían destinado aproximadamente $4.624 millones a las demoliciones en Pereira y $2.815 millones a las intervenciones previstas en Cali. Entre los proyectos relacionados aparecían los edificios Invico, Ana Pilar y Arábico, además de la Institución Educativa San Nicolás.
Las cifras que explican el escándalo
Nómina mensual - $765,6 millones
Costo mensual fiduciario - $248,6 millones
Funcionamiento mensual - Más de $1.014 millones
Contratos reportados - $7.440 millones
| Concepto | Valor |
| -------------------------------------------- | ----------------- |
| Salario del gerente | $39,44 millones |
| Salario de directores | $36 millones |
| Salario de coordinadores | $33 millones |
| Personal vinculado | 27 personas |
| Cargos proyectados | 130 |
| Presupuesto del programa | $624.656 millones
| Contratación reportada frente al presupuesto | 1,19 %