Senadora petrista anuncia demandas contra uribistas que bloquearon su entrada a Charalá

Lo sucedido en Charalá refleja el clima de creciente polarización que acompaña la campaña presidencial de 2026. Para los simpatizantes del Pacto Histórico, lo ocurrido representa una preocupante muestra de intolerancia y un intento de silenciar a un sector del país. Para sus detractores, fue una manifestación legítima de rechazo frente a un proyecto político que genera resistencia en amplios sectores de la provincia comunera.

Por camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Cabe recordar que hace algunos días, el municipio de Charalá fue el escenario de un tenso enfrentamiento entre simpatizantes del Pacto Histórico y sectores de la comunidad que se opusieron al ingreso de una caravana proselitista en respaldo a Iván Cepeda Castro.

EL hecho, ocurrió sobre el emblemático puente sobre el río Pienta, derivó en un choque político que escaló hasta el ámbito judicial pues la senadora Gloria Flórez Schneider, copresidenta del Pacto Histórico, anunció la presentación de denuncias penales y disciplinarias contra el alcalde de Charalá, Jorge Eliécer Vega, así como contra otras personas que, según ella, promovieron y ejecutaron acciones para impedir el desarrollo de la actividad política.

De acuerdo con lo que narró la senadora del Pacto Histórico, la jornada hacía parte de la estrategia política denominada “Súbete a la Chiva”, una caravana que recorrió varios municipios de Santander con el propósito de consolidar apoyos para la aspiración presidencial de Iván Cepeda.

Sin embargo, cuando la caravana intentó ingresar a Charalá, fue interceptada por un grupo de ciudadanos que, entre arengas, pancartas y fuertes cuestionamientos, bloqueó temporalmente el paso del vehículo.

El ambiente se tornó agresivo. De un lado, los seguidores del Pacto Histórico denunciaban un acto de intolerancia política; del otro, numerosos habitantes defendían su derecho a expresar rechazo a las políticas del gobierno nacional y a la llegada de dirigentes de izquierda al municipio.

Los videos difundidos en redes sociales mostraron momentos de alta tensión, con empujones, gritos y forcejeos en presencia de uniformados de la Policía Nacional que intentaban contener la confrontación.

La ofensiva judicial de Gloria Flórez

Tras los hechos, Gloria Flórez elevó el tono del debate y anunció acciones legales que podrían tener repercusiones disciplinarias y penales.

La senadora sostuvo que existen elementos para investigar si desde la administración municipal se habrían facilitado o tolerado actos destinados a obstaculizar el ejercicio de la oposición y de la actividad política legalmente protegida por la Constitución.

“Que aceleren las investigaciones penales y disciplinarias por los hechos ocurridos en Charalá”, manifestó la congresista, al asegurar que la caravana fue víctima de agresiones físicas y verbales.

Según Flórez, entre los argumentos jurídicos de la denuncia figuran posibles conductas relacionadas con obstrucción al ejercicio de derechos políticos, omisión de funciones por parte de autoridades locales, perturbación del orden público e instigación a la violencia.

La senadora también afirmó que varios miembros de la Policía resultaron golpeados cuando intentaban proteger a los participantes de la caravana y a la dirigente Yolanda Silva, integrante del movimiento político.

Además, anunció que solicitarán a la Corte Suprema de Justicia de Colombia investigar al representante a la Cámara Óscar Villamizar Meneses, al considerar que habría tenido participación o influencia en los acontecimientos.

La respuesta del alcalde Jorge Vega

El alcalde Jorge Vega rechazó tajantemente las acusaciones y aseguró que su administración no promovió ninguna acción para impedir el ingreso de la caravana.

El mandatario sostuvo que la Alcaldía no recibió información previa sobre el recorrido y que, por tanto, no existía una coordinación oficial con las autoridades locales para garantizar acompañamiento institucional.

“Son acusaciones sin fundamentos”, expresó Vega, al insistir en que nunca se exigieron permisos para ingresar al municipio, sino que simplemente no se contaba con conocimiento formal de la actividad.

La postura del alcalde ha encontrado respaldo en sectores ciudadanos que consideran desproporcionado atribuir responsabilidad penal a la administración municipal por una protesta espontánea de habitantes inconformes con la presencia del Pacto Histórico.