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SIC pone bajo la lupa los siete contratos de Barrancabermeja con Foncolombia

La SIC priorizó una denuncia por posibles maniobras para limitar la competencia en siete contratos de Barrancabermeja financiados con recursos públicos.

SIC pone bajo la lupa los siete contratos de Barrancabermeja con Foncolombia
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La SIC priorizó una denuncia por posibles maniobras para limitar la competencia en siete contratos de Barrancabermeja financiados con recursos públicos.

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La Superintendencia de Industria y Comercio trasladó a su Delegatura para la Protección de la Competencia una denuncia que advierte posibles maniobras para limitar la participación de oferentes en siete procesos de contratación financiados con recursos públicos. Seis de ellos habrían recibido una sola propuesta. El caso también está bajo investigación de los organismos de control, luego de que la Personería suspendiera a seis funcionarios de la Alcaldía.

 

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La contratación pública de Barrancabermeja quedó en el centro de una nueva controversia institucional. Esta vez, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) decidió dar prioridad a una denuncia que advierte posibles acuerdos entre empresas para restringir la competencia en siete procesos contractuales adjudicados por el Fondo Mixto para el Desarrollo Integral y la Gestión Social de Colombia (Foncolombia), con recursos públicos que se aproximan a los $120.000 millones.

La decisión implica que el expediente será estudiado por la Delegatura para la Protección de la Competencia, dependencia encargada de examinar posibles prácticas restrictivas del mercado y determinar si existieron acuerdos entre particulares para alterar las condiciones de participación en procesos de contratación.

El asunto reviste especial importancia por las características de los procedimientos cuestionados: de los siete procesos denunciados, seis habrían contado con la participación de una sola empresa, circunstancia que despertó sospechas sobre las condiciones de transparencia, pluralidad de oferentes y libre competencia bajo las cuales se adelantaron las adjudicaciones.

Los contratos comprenden intervenciones en infraestructura vial, obras en instituciones educativas, instalación de granjas solares y servicios de vigilancia para los proyectos. Se trata de inversiones de considerable magnitud económica que comprometen recursos públicos y que ahora deberán pasar por el examen de las autoridades competentes.

 

Las empresas y personas mencionadas en la denuncia

Dentro del expediente aparecen mencionadas las sociedades Conyser S.A.S., Servicios Industriales de Barrancabermeja S.A.S. (Serinb) e Iluminaciones y Construcciones de Colombia S.A.S. (Iconscol), así como los nombres de Jorge Humberto Argüello Beltrán y Yoleida Calderón Bohórquez.

La denuncia plantea posibles vínculos entre algunas de las empresas participantes y las sociedades finalmente adjudicatarias, además de circunstancias que presuntamente habrían dificultado o impedido la concurrencia de otros interesados.

La SIC confirmó que concentrará su revisión en tres situaciones específicas que fueron puestas en conocimiento de la entidad.

La primera tiene que ver con la presunta ausencia de publicación de los procesos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop II), plataforma oficial mediante la cual las entidades estatales deben garantizar la publicidad y trazabilidad de sus procedimientos contractuales, de acuerdo con las reglas aplicables a cada proceso.

El segundo señalamiento apunta a que una de las propuestas económicas habría coincidido exactamente con el presupuesto oficial establecido para la contratación, circunstancia que deberá ser examinada para establecer si existió alguna irregularidad.

El tercer aspecto corresponde a la supuesta descalificación de un competidor por no presentar documentos básicos, situación que también será objeto de verificación para determinar si las exigencias fueron aplicadas de manera objetiva y bajo las mismas condiciones para todos los participantes.

La Superintendencia señaló que estos elementos serán sometidos a evaluación y verificación, sin que su recepción o priorización implique que las conductas denunciadas estén demostradas.

 

Denuncia presidencial elevó la controversia al escenario nacional

La intervención de la SIC se produjo un día después de que el presidente Abelardo De La Espriella acudiera personalmente a la Fiscalía General de la Nación para denunciar las presuntas irregularidades en la contratación de Barrancabermeja.

Tras reunirse con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, el mandatario confirmó que había solicitado investigar los procesos y establecer si detrás de las adjudicaciones existieron acuerdos entre empresas para eliminar o restringir la competencia.

De La Espriella señaló directamente al alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Stivel Vásquez Gómez, al advertir sobre el manejo de los recursos provenientes de regalías que terminaron en manos de Foncolombia, un fondo mixto que desarrolla sus procesos contractuales bajo el régimen del derecho privado.

Según la denuncia presidencial, los recursos habrían sido trasladados desde la administración municipal hacia ese organismo, que posteriormente adelantó los siete procesos de contratación cuestionados.

El jefe de Estado también sostuvo que cuatro de los cinco contratos de obra habrían terminado en empresas vinculadas a Jorge Humberto Argüello Beltrán, conocido como 'el Bachiller'.

En su pronunciamiento público, De La Espriella pidió establecer si existieron acuerdos para restringir la competencia, tráfico de influencias y posibles conductas de prevaricato, entre otros hechos que deberán ser examinados por la Fiscalía.

El mandatario insistió en que los recursos provenientes de las regalías deben tener un manejo transparente y que las autoridades deben reconstruir la ruta del dinero público para establecer eventuales responsabilidades.

Durante su visita a la Fiscalía, el presidente también presentó oficialmente el Bloque de Búsqueda contra la Corrupción, una estrategia coordinada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, bajo la dirección de Cristina Lombana. Esta iniciativa, anunciada desde agosto, contempla la articulación de diferentes entidades del Estado, entre ellas la DIAN, para fortalecer las acciones de investigación y persecución de posibles hechos de corrupción.

 

Seis funcionarios suspendidos

La controversia contractual no comenzó con la denuncia presidencial. Desde el pasado 4 de noviembre, la Personería de Barrancabermeja había adoptado una decisión disciplinaria relacionada con cuatro de los contratos cuestionados, cuyo valor se aproxima a los $107.000 millones.

En esa oportunidad, el organismo de control ordenó la suspensión de seis funcionarios de la administración municipal, al advertir posibles irregularidades en los procedimientos de contratación y adjudicación.

La determinación fue suscrita por el personero delegado Fernando Herrera Orozco y tuvo como punto de partida una denuncia presentada por el ciudadano y periodista Diego Wualdrón Guerrero.

Uno de los elementos centrales de la actuación disciplinaria tiene que ver con la adjudicación de los contratos a empresas relacionadas con Jorge Humberto Argüello Beltrán, en un periodo especialmente sensible para la contratación pública: la vigencia de la Ley de Garantías Electorales, que establece restricciones a determinadas modalidades de contratación estatal durante los meses previos a las elecciones.

En cumplimiento de la decisión de la Personería, el alcalde Jonathan Stivel Vásquez Gómez apartó de sus cargos a los seis funcionarios afectados por la suspensión.

Un caso que compromete varias instancias de control

Con la decisión de la SIC, el caso de Barrancabermeja adquiere una nueva dimensión, pues ya no se limita a los cuestionamientos disciplinarios sobre la actuación de funcionarios municipales ni a las denuncias políticas formuladas desde la Presidencia.

Ahora existe también un expediente en la autoridad encargada de vigilar la libre competencia económica, que deberá establecer si las condiciones de participación en los siete procesos permitieron una verdadera confrontación de ofertas o si, por el contrario, pudieron presentarse acuerdos o maniobras para favorecer determinados intereses empresariales.

La Fiscalía tendrá que examinar las posibles conductas penales denunciadas, mientras que la Personería continuará con las actuaciones disciplinarias correspondientes. Por su parte, la SIC deberá determinar si existieron prácticas restrictivas de la competencia.

Por ahora, las denuncias contienen señalamientos que deberán ser probados y las decisiones de priorización e investigación no constituyen una declaración de culpabilidad para las empresas, particulares o funcionarios mencionados.

Sin embargo, el volumen de los recursos comprometidos, la reducida participación de oferentes en seis de los siete procesos y las coincidencias empresariales advertidas en las denuncias han convertido la contratación de Foncolombia en uno de los asuntos de mayor vigilancia institucional en Barrancabermeja.

El interrogante de fondo es si los cerca de $120.000 millones destinados a obras y servicios para el distrito fueron adjudicados bajo condiciones que garantizaron la transparencia y la competencia o si, como advierten los denunciantes, existieron mecanismos para favorecer anticipadamente a determinados contratistas.