Resumen
El ingeniero Sneyder Pinilla se comprometerá a pagar 5 años de cárcel y devolver $292 millones de pesos por su implicación en la corrupción de la ‘Unidad Nacional para Gestión del Riesgo de Desastres’. Pinilla denunció el fraude, buscando beneficios jurídicos.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)El ingeniero santandereano Sneyder Pinilla se comprometería a pagar 5 años de cárcel y reintegrar $292 millones de pesos por su responsabilidad en la cadena de corrupción de la ‘Unidad Nacional para Gestión del Riesgo de Desastres’, donde habrían financiado, junto con Olmedo López Martínez, ex director de esa misma institución las campañas electorales de varios congresistas y se habrían apropiado de millonarias sumas de dinero que estaban destinadas a varios municipios del país, entre ellos al departamento de La Guajira, donde contrataron la compra de cuarenta y seis (46) vehículos de transporte que habrían costado cuarenta mil millones de pesos y a los municipios de Girón, Oiba, Puerto Wilches y Sabana de Torres.
Sneyder Pinilla hizo llegar a la Fiscalía General de la Nación el resumen de los compromisos a los que quiere llegar con la institución, con tal de que le otorguen beneficios jurídicos por haber denunciado el entramado de corrupción que junto a otras personas habrían impulsado en la UNGRD, de la cual fue subdirector hasta comienzos de este año, cuando se reventó el escándalo. Entre los detalles más llamativos que expuso ante las fiscales María Cristina Patiño y Andrea Muñoz afirma que acepta una condena de cinco años de cárcel y que por su calidad de testigo, se le permita permanecer en un centro de reclusión militar.
Sneyder Pinilla será imputado por el ente acusador el próximo 25 de julio junto a Olmedo López y Luis Eduardo López Rosero, por los sobrecostos en la compra de una flotilla de carrotanques para resolver el problema social de la crisis del agua potable en el departamento de La Guajira y por los contratos de los ‘Comedores Comunitarios’ de los departamentos de Sucre y Arauca, además de la entrega de dineros a los presidentes del Senado de la República y la Cámara de Representantes, para el trámite de varios proyectos de ley, que había propuesto el gobierno del Presidente Gustavo Petro.