Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Procuraduría General de la Nación sancionó con una multa e inhabilidad de 14 años para contratar con el Estado a la supervisora y al interventor de las obras de construcción del puente Hisgaura por irregularidades técnicas detectadas en el proyecto que tuvo un sobrecosto de 27.000 millones de pesos.
Los sancionados son Maryori Elizabeth Jaimes Nova, quien fue la supervisora de contratos de interventoría del sector transporte del Fondo de Adaptación, y el representante legal de la Empresa Estudios Técnicos y Asesorías – ETA S.A., Jorge Armando Esteban Parada, firma interventora de la obra de construcción de los puentes vehiculares La Judía, Sitio Crítico 43 e Hisgaura contratada por el Fondo Adaptación con la empresa española Sacyr.
“Se estableció que la entonces supervisora del citado contrato de interventoría omitió requerir al interventor y al contratista y advertir al Fondo de Adaptación, la calidad técnica en la construcción del Puente Hisgaura para evitar las deficiencias en calidad técnica, estabilidad y durabilidad que presentaba la obra.
El Ministerio Público declaró la responsabilidad disciplinaria al interventor de esta obra, Jorge Esteban, quien no exigió al contratista Sacyr ni advirtió al Fondo de Adaptación sobre la calidad técnica de esta construcción, acorde con los hitos determinados en el otrosí número 6 del contrato de obra.
Cabe recordar que la Procuraduría profirió pliego de cargos por irregularidades en el proyecto y construcción del puente Hisgaura al exdirector territorial del Invías en Santander Cesar Augusto Moreno Prada; el exsubdirector de gestión del riesgo de la misma entidad Hugo Hernán Herrera González; el entonces asesor del Fondo de Adaptación, Orlando Santiago Cely, y los exgerentes de ese organismo, Carmen Elena Arévalo Correa e Iván Fernando Mustafá Durán.
Por los defectos presentados en la construcción del puente Hisgaura cuyo valor inicial era de $80.000 millones, los costos de la obra se incrementó en más de $107.000 millones, requiriendo además estudios adicionales y una proyección en costos de mantenimiento, en un valor superior a los 6.000 millones, informó la Procuraduría.
