Tarifas del agua para usuarios del amb no mojan sino ahorcan

El agua potable no puede convertirse en una variable de ajuste para los hogares de los santandereanos, ni su tarifa puede discutirse como un asunto técnico alejado del bolsillo ciudadano, porque como están, en la actualidad, esas tarifas del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, amb, el agua a los usuarios no los moja, los ahorca.

La decisión del amb, de mantener estable el valor promedio del componente de acueducto entre septiembre y diciembre de 2026 merece reconocimiento, pero también exige una discusión pública más amplia sobre cuánto cuesta realmente garantizar agua de calidad y quién termina pagando las decisiones regulatorias.

La medida llega en un momento sensible. La Resolución CRA 1032 de 2026 sustituyó la metodología tarifaria anterior para grandes prestadores y estableció que las tarifas derivadas de ese marco comenzaran a aplicarse a los consumos desde el 1 de julio.

La norma modifica la manera de calcular costos de administración, operación, inversión, impuestos y otros componentes. Además, la Comisión Reguladora del Agua, CRA, ha insistido en que la resolución no fija aumentos para ciudades concretas, pues cada prestador debe sustentar técnicamente sus tarifas bajo la metodología vigente.

En ese escenario, congelar por voluntad propia el promedio tarifario cobrado por acueducto y durante cuatro meses, hasta diciembre del presente año, constituye una señal de responsabilidad social.

No resuelve el debate tarifario nacional, pero evita trasladar de inmediato toda carga regulatoria a las familias. El gesto adquiere mayor valor porque el servicio de agua no es un consumo prescindible. Es una condición básica de salud, higiene, actividad económica y dignidad.

Ahora bien, la decisión no debe confundirse con una congelación integral de la factura. Acueducto, alcantarillado y aseo tienen prestadores y estructuras tarifarias distintas.

Por eso, la factura total puede cambiar, aunque el componente de agua permanezca estable. Esta diferencia debe explicarse con total claridad para impedir confusiones y reclamos legítimos de usuarios que sólo miran el monto final de la cuenta.

Ahora el verdadero reto es convertir esta pausa tarifaria en una oportunidad de transparencia. La ciudadanía necesita conocer cuánto pesa cada componente, qué costos justifican las tarifas, qué inversiones se financian con ellas y qué resultados recibe a cambio.

La nueva metodología incorpora criterios técnicos y económicos que deben traducirse en información comprensible para el usuario, sin la famosa y detestable ‘letra chiquita’.

Resulta acertado que los demás prestadores evalúen medidas propias de alivio. No sería razonable exigir decisiones idénticas, porque cada empresa enfrenta condiciones financieras y operativas diferentes. Sí resulta legítimo reclamar sensibilidad social, coordinación metropolitana y oportunas explicaciones.

Una tarifa justa del agua potable debe equilibrar sostenibilidad empresarial y capacidad de pago. Mantenerla estable por unos meses es una buena decisión. La verdadera prueba será demostrar que cada peso cobrado tiene sustento, propósito y beneficio para los consumidores.