Resumen
La Corte Constitucional de Colombia declaró el "estado de cosas inconstitucional" en el país debido a la continua violencia contra líderes sociales, con más de 150 asesinados solo este año. La Corte criticó a la Fiscalía por no realizar investigaciones eficaces en estos casos.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)La persecución, amenazas, intimidaciones y asesinatos de líderes sociales que las autoridades no han podido frenar, al punto que solo en este año van más de 150 muertos, generó la radical decisión de la Corte Constitucional de declarar en el país el “estado de cosas inconstitucional”. Son varios los factores por los cuales la Corte Constitucional realizó esta declaratoria. La primera, advierte que la persecución y el asesinato de líderes y lideresas sociales no solo implica la violación de sus derechos fundamentales, sino que además destruyen a las colectividades que lideran y sus familias. En segundo lugar, y acogiendo el mentado concepto de seguridad humana, la Corte Constitucional señala que “la intervención estatal se justifica no solo para reaccionar cuando sobrevienen riesgos significativos para el ejercicio de los derechos. También exige adoptar medidas adecuadas para prevenirlos y, con ello, no solo disminuir la incertidumbre frente a su ocurrencia, sino fortalecer las posibilidades de las personas de definir y desarrollar su plan de vida”.
La Corte Constitucional dejó claro que este no es un asunto de competencia exclusiva del gobierno de turno, sino también del Estado en su conjunto, por lo que le hizo un llamado de atención a la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía no demostró el desarrollo de investigaciones, diligentes, transparentes y oportunas, para identificar a los autores determinadores y materiales de los delitos, procesarlos y garantizar una reparación adecuada. Además, no demostró que las investigaciones tomaran en cuenta el rol del defensor o defensora como punto de partida. A lo que se suma, según la Corte, que la Fiscalía no ofreció estadísticas ciertas sobre el esclarecimiento de delitos cometidos contra la población líder y defensora de derechos humanos.