Traslado de presos debe ser a la par con cambios de guardianes del Inpec
Los traslados de presos no bastan si persisten las redes de mando, corrupción y comunicaciones ilícitas dentro de las cárceles.
Los traslados de presos no bastan si persisten las redes de mando, corrupción y comunicaciones ilícitas dentro de las cárceles.
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Una cárcel que cambia de internos, pero no cambia de control, apenas cambia el problema de lugar. Esa es la reflexión que debe acompañar la ofensiva penitenciaria del Gobierno De la Espriella, cuyo sello ha sido ordenar traslados de presos señalados por su capacidad de alta peligrosidad criminal.
La medida busca alejar a un cabecilla de su red, romper sus canales de comunicación y sacarlo de un establecimiento donde conserva poder para impartir órdenes y proteger negocios ilícitos desde una celda.
El Ejecutivo ha aplicado esta política en distintos puntos del país. La Presidencia confirmó el traslado de 120 presos de Buenaventura y de 76 internos vinculados, según la autoridad, con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
También se han ordenado movimientos desde Barranquilla hacia establecimientos de mayor seguridad. El mensaje declarado apunta a recuperar una autoridad estatal cuestionada dentro de algunos penales.
Sin embargo, trasladar presos no basta.
La distancia geográfica no elimina por sí sola las redes criminales ni garantiza el aislamiento de quienes mantienen capacidad de mando dentro de las prisiones del país.
Una política carcelaria seria debe impedir que el crimen conserve capacidad de mando después de cada operación. De poco sirve cambiar una dirección si el sistema permite que teléfonos, favores, información, dinero o instrucciones sigan circulando.
Por eso, cada traslado debe ir acompañado de vigilancia efectiva, inteligencia penitenciaria, controles tecnológicos, trazabilidad de las comunicaciones y una revisión rigurosa de los funcionarios que tienen contacto directo con los reclusos.
Aquí aparece el punto más sensible. El Inpec no puede ser un actor secundario en esta estrategia. Los guardianes custodian las puertas, conocen las rutinas, supervisan movimientos y tienen responsabilidades decisivas, en grado sumo, frente al ingreso de elementos prohibidos y al cumplimiento del régimen interno.
Si el Estado quiere recuperar el control de las cárceles por dentro, también debe fortalecer la integridad de quienes ejercen esa autoridad. Eso exige controles al interior de las cárceles, rotaciones de guardianes cuando correspondan, investigaciones ante señales de corrupción y protección para los funcionarios que enfrenten presiones criminales.
Las imágenes de los operativos pueden generar una percepción inmediata de firmeza, pero la política pública se mide por lo que ocurre después. El resultado a corto plazo debe ser verificable en la reducción de comunicaciones ilícitas, órdenes criminales y capacidad de delinquir desde los establecimientos carcelarios.
La seguridad penitenciaria necesita resultados comprobables, no sólo decisiones visibles. Colombia tiene una obligación elemental. Las cárceles deben ser lugares de cumplimiento de penas y medidas judiciales, no centros de mando para organizaciones criminales.
Los traslados pueden formar parte de una estrategia mayor, pero su alcance dependerá de que cada cambio de prisión vaya acompañado de controles institucionales sólidos. La operación debe tocar las celdas, pero también las estructuras que vigilan sus puertas.
