Tres denuncias y un solo interrogante: ¿vigiló la CDMB la PTAR El Santuario?

Piden control ambiental sobre planta de tratamiento en Piedecuesta

El incumplimiento se habría repetido durante varios años. El denunciante pide establecer si existieron razones jurídicas y técnicas documentadas para no sancionar y qué funcionarios tenían a cargo las actuaciones en cada período.

La empresa que opera la PTAR El Santuario reconoció en 2024 que debía aplicar acciones de emergencia para tratar apenas el 33% de los 224 litros por segundo que la planta puede procesar.

Dos años después, ese documento sostiene tres denuncias radicadas el mismo día sobre un solo punto: si la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) vigiló la planta y los vertimientos al río de Oro como le corresponde.

El ciudadano piedecuestano Oscar Humberto Cote Cote, presentó el lunes 5 de octubre de 2026 una petición ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y una queja disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación.

Apoyos documentales

Los tres escritos cuestionan la misma conducta enfocada en el seguimiento, el control y la vigilancia ambiental de la CDMB sobre la planta. Los textos se apoyan en tres antecedentes documentales de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos. El primero es el diagnóstico de 2024, tras una visita y revisión de la planta, que fijó la meta de emergencia del 33%.

El segundo es el mapa de riesgos del mismo año, donde la empresa calificó como extremo el riesgo de “no realizar adecuadamente el tratamiento de aguas residuales” y previó asignación presupuestal y un plan de mantenimiento preventivo.

El tercero es el Acuerdo 029 de 2025. La Junta Directiva autorizó con él vigencias futuras por $469.619.594,82 para el mantenimiento preventivo y correctivo de la zona de deshidratación de lodos acuosos de la PTAR, con ejecución prevista entre diciembre de 2025 y febrero de 2026.

Malos olores y residuos

La planta, ubicada en Piedecuesta, Santander, inició su primera etapa en 2017. Trata las aguas residuales del municipio antes de que lleguen al río de Oro, de modo que cualquier falla en su operación incide en el cauce y en los habitantes de las zonas ubicadas aguas abajo.

Cote precisa que no presenta como probados los cuestionamientos ciudadanos. Estos se refieren a la capacidad real de tratamiento, el funcionamiento de equipos, el tratamiento biológico, el manejo de lodos y la calidad del agua vertida.

Habitantes de Piedecuesta y de sectores ubicados aguas abajo manifestaron inquietudes por malos olores, residuos y la apariencia del agua. El eje de las tres actuaciones no es sólo si la planta funciona ahora. Es si la CDMB ejerció de forma suficiente, oportuna, técnica y eficaz su función de autoridad ambiental, frente a un riesgo que la propia operadora había reconocido por escrito.

Solicita visita técnica

Cote lo resume en una secuencia desde el nivel de riesgo conocido, actuaciones de la corporación y resultados obtenidos. Al Ministerio de Ambiente le solicita evaluar la procedencia de ejercer inspección y vigilancia sobre la CDMB, requerirle la información de 2017 a 2026 y verificar si realizó muestreos y análisis de laboratorio.

Pide también establecer si hubo períodos sin seguimiento pese a la información disponible, formular recomendaciones y valorar una visita técnica. Aclara que no pide que el Ministerio sustituya a la corporación.

Ante la Fiscalía pide investigar si los hechos encajan en contaminación ambiental (artículo 334 del Código Penal), daños en los recursos naturales (artículo 333) o prevaricato por omisión (artículo 414).

Solicita una inspección técnica especializada, pruebas de laboratorio independientes del afluente, el efluente y el río, el expediente completo de los contratos entre 2017 y 2026 y el detalle de ejecución y pagos del contrato derivado del Acuerdo 029.

Una queja muy puntual

La denuncia penal advierte que no atribuye responsabilidad a persona alguna y que corresponde a la Fiscalía calificar los hechos. Tampoco afirma que la CDMB haya incurrido en encubrimiento, corrupción o favorecimiento de la empresa operadora.

La queja ante la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga es la más puntual. Pregunta desde qué fecha supo la CDMB que Piedecuestana de Servicios Públicos no entregó el informe anual del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) y qué hizo la corporación ante esa falta y si existen mecanismos de monitoreo periódico de la planta, si hubo lapsos prolongados sin seguimiento, si se tomaron muestras independientes y si hubo procesos sancionatorios cuando había fundamento.