Resumen
El Tribunal Supremo francés ratificó la condena por corrupción y tráfico de influencias del expresidente Nicolas Sarkozy, convirtiéndose en el primer exmandatario francés obligado a cumplir pena, con un año de arresto domiciliario bajo brazalete electrónico.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El Tribunal Supremo francés ratificó este miércoles (18 de diciembre de 2024) la condena contra el expresidente Nicolas Sarkozy por corrupción y tráfico de influencias, lo que convierte esta sentencia en definitiva. De esta manera, Sarkozy se convierte en el primer expresidente de Francia obligado a cumplir una pena, aunque sea en arresto domiciliario, durante un año con un brazalete electrónico.
Sarkozy, quien gobernó Francia entre 2007 y 2012, ha sido condenado por su implicación en el conocido 'caso Bismuth', un escándalo que surgió en 2014 cuando las escuchas telefónicas de las investigaciones revelaron una red de corrupción y tráfico de influencias. La línea telefónica secreta que su abogado le había abierto, bajo un nombre falso, fue interceptada y permitió descubrir las conversaciones que desvelaron el entramado ilícito.
Esta condena, que fue emitida inicialmente en marzo de 2021 por el Tribunal Correccional de París y confirmada en apelación en mayo de 2023, había sido recibida como un golpe al expresidente, quien nunca había sido sentenciado con una pena de prisión efectiva. Ahora, el Supremo francés ha ratificado la condena de tres años de cárcel, de los cuales solo uno será cumplido, y bajo arresto domiciliario con un brazalete electrónico.
El expresidente no se da por vencido y sus abogados han anunciado que apelarán la sentencia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque este recurso no suspende la aplicación de la pena en Francia.
Sarkozy enfrenta un largo camino judicial por delante. Su condena actual se suma a una serie de casos legales en su contra, incluyendo un juicio próximo el 6 de enero de 2025 por la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007, financiada por el régimen libio de Muamar Gadafi. En este proceso, podría enfrentarse a una pena de hasta diez años de prisión. Además, se mantiene pendiente su apelación por otro caso de financiación ilegal en 2012, donde ya fue condenado en apelación a un año de cárcel, medio de ellos con cumplimiento.
