Un bumangués está detrás de las medidas de protección para el Galeón San José

Un estudiante de octavo semestre de Derecho UNAB logró, a través de una demanda fallada a su favor, que las cargas industriales del galeón San José sean protegidas por el gobierno de Colombia. Su historia data desde su hundimiento en Cartagena de Indias en 1708.

Carlos Fernando Gómez Riaño creció entre debates jurídicos y la biblioteca de sus padres, dos jueces de la república, Duperly Riaño Acelas y Orlando Gómez Avellaneda. Cuando llegó la hora de elegir carrera no dudó en estudiar Derecho para entender de qué hablaban.

Ahora, con 21 años y cursando octavo semestre en la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), la Corte Constitucional falló a su favor una demanda que interpuso en la que obliga al Estado a considerar al galeón San José como parte del Patrimonio Cultural Sumergido del país, cuyo tesoro está en disputa entre Colombia y España.

Recordemos que este galeón es español y fue construido en 1698 por Pedro de Aróstegui. En 1708 zarpó de Cartagena de Indias, pero fue atacado por buques ingleses, lo que lo hizo naufragar en aguas colombianas con casi 200 toneladas de monedas de plata, esmeraldas y oro, avaluadas en 11 millones monedas de oro, lo que hoy en día equivale a 20.000 millones de dólares.

“Es curioso porque la decisión de la Corte fue tomada el 29 de agosto, día de mi cumpleaños, me pareció interesante porque yo vivo y muero por el derecho, entonces me animó a seguir creyendo”, recuerda Cesar Fernando durante una entrevista otorgada a la revista Ciencia Abierta UNAB, donde explicó las interpretaciones de la Sentencia C-332 y por qué es importante que Colombia conozca esta historia.

¿Cuándo se apropia de este tema y por qué?

Estudié la ley sobre Patrimonio Cultural Sumergido, el conjunto de cosas que tienen un significado histórico cultural arqueológico y que están debajo de cualquier recurso hídrico. Colombia tiene la fortuna de tener el galeón como uno de los referentes máximos del mundo. Vi que se hacía una exclusión a las cargas industriales, lo que significa que ya no eran parte del Estado y podían ser enajenadas por cualquier privado de acuerdo con normas del Derecho Civil y Comercial.

¿Qué son cargas industriales?

Al concepto tocaba buscarle un significado e interpretarlo. Hice una decodificación primaria, qué es una carga y qué es industrial, lo uní y son bienes manufacturados del segundo sector de nuestra economía. En el galeón son las botijas, faroles, ánforas, cañones y armamentos. Todo esto tiene un valor comercial que Colombia pretendía vender, pero ahora debe protegerlo.

¿Qué pasa cuando admiten la demanda?

El hecho de que me admitieran fue un logro. La Corte invitó a ministerios, al Instituto Colombiano de Antropología e Historia y a la Armada Nacional a dar su concepto. La UNAB intervino a favor de las pretensiones del ordenamiento jurídico de la expresión “cargas industriales”. Se llegó a un consenso de que la ley estaba mal y que se debían tomar medidas para proteger dicho patrimonio.

¿Qué explica la sentencia?

El derecho a la cultura es un derecho humano, el legislador no puede hacer disposiciones normativas que desprotejan el patrimonio. La Corte dijo: “el Patrimonio Cultural Sumergido hace parte del arqueológico, así que el Estado, a través del artículo 72 de la Constitución, está obligado a protegerlo”. El gobierno debe velar por las cargas que están en todo el mar colombiano.

¿Qué significa este logro?

Frente a la vida soy escéptico, pero es un logro que motiva a ser mejor abogado, seguir preparándome y ponerle más pasión. Yo vivo y muero por esto, es una satisfacción muy grande. Gran parte de los conocimientos que recibí en la UNAB me sirvieron en este trabajo. Para el país es importante saber que existe esta historia sumergida que debe pertenecer a la memoria de los colombianos.