Un grave atentado

Por: José G. Hernández

Lo ocurrido el 7 de junio en Bogotá, cuando un criminal -menor de edad, ya capturado- disparó contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, es de suma gravedad. Al momento de escribir estas líneas, el país entero sigue pendiente del estado de salud del senador Uribe, quien está siendo atendido por un competente y preparado equipo médico, pero su estado sigue siendo crítico y de carácter reservado, según informaciones oficiales de la Fundación Santa Fe. Confiamos en su pronta y total recuperación.

Como expresaron, en sus comunicados, los presidentes de los altos tribunales de justicia, los partidos políticos y la Iglesia Católica, no solamente se atentó contra el congresista sino contra la democracia y la institucionalidad; contra toda la Nación. En Colombia no puede continuar la violencia, ni podemos permitir que sigan en su nefasta actividad los autores y determinadores de crímenes y magnicidios.

Es imperativo que se adelanten de manera oportuna y completa las investigaciones a que haya lugar, con miras a establecer, además de la autoría material, quiénes son los autores intelectuales que están detrás del sicario. No puede haber impunidad. Y es urgente que se adopten medidas de protección a todos los aspirantes y candidatos.

Pero hay algo mucho más de fondo, en lo cual tenemos la obligación de reflexionar: ¿La manera como se está conduciendo la actividad pública -particularmente por parte del Gobierno y la oposición- es la más indicada para el adecuado equilibrio y el logro de los objetivos de beneficio general?

La política, la controversia ideológica, los debates entre gobernantes y opositores deben tener lugar de manera civilizada y dentro de la libertad, el orden y el respeto. No puede seguir siendo estimulada una absurda espiral de odio, agresión y violencia verbal y escrita, en las calles, en los medios y en las redes sociales, como lo hemos visto precisamente en estos días, cuando, en vez de la natural solidaridad con la víctima del atentado y su familia, se ha preferido aprovechar el criminal acto con finalidades políticas y de mayor polarización.

La intolerancia es tal que hasta una periodista que, en ejercicio de su función, se limitaba a transmitir desde la clínica en donde está recluido Uribe, fue injustificadamente agredida, insultada y ofendida, todo por razón del medio en que labora.

El Gobierno Nacional -comenzando por el presidente de la República-, los miembros del Congreso, los gobernadores y alcaldes, los funcionarios en todos los niveles, los dirigentes, los partidos, las religiones, los medios y periodistas, así como los usuarios de las modernas tecnologías de la comunicación y la ciudadanía, con independencia de nuestra libre opción y de las convicciones y orientaciones ideológicas o políticas, debemos entender que la insensata y dañina polarización política, la irracionalidad y las mutuas agresiones -que han sido constantes y crecientes en los últimos años- no constituyen nada diferente de una incivilizada tendencia que genera enormes daños a la colectividad y que está haciendo imposibles la democracia, la legalidad, el orden y la paz.

¿Por qué no se puede adelantar la controversia política de manera franca pero pacífica, leal, inteligente y respetuosa, sin intolerancia, odio, insulto, calumnias ni violencia?