Un presupuesto sin la última palabra

Por: Felipe Rodríguez.

El Presupuesto General de la Nación para 2027 no entró en vigencia por una votación en las plenarias del Congreso, sino por el Decreto 1599 del 22 de octubre. Conviene decirlo con precisión, porque se ha prestado a confusión; no fue una decisión del Gobierno gobernar por decreto. Fue la consecuencia legal de un error de trámite en el Congreso.

El origen es técnico pero revelador. El Senado y la Cámara aprobaron versiones distintas del artículo 65 y, con el plazo venciéndose a la medianoche del 20 de octubre, no alcanzaron a conciliarlas. La Cámara intentó votar “en espejo” el texto del Senado para no tener que conciliar, y en esa premura se coló la diferencia. Ante el vicio, el Ejecutivo aplicó el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, que lo faculta para expedirlo cuando el trámite no culmina. El vicepresidente Restrepo insistió, con razón, en que el presupuesto no fue hundido; había sido aprobado por mayorías en ambas cámaras.

Hasta aquí, el Gobierno hizo lo que la norma le permitía, e incluso dijo que habría preferido terminar el trámite en el Legislativo. No hay, en los hechos, una voluntad de esquivar al Congreso. Lo que hay es algo más incómodo, un mecanismo de emergencia que termina reemplazando a la deliberación, sin que nadie lo haya decidido así.

Y ese reemplazo tiene costos concretos. El decreto conservó la distribución del primer debate y dejó por fuera cambios que las plenarias sí habían aprobado. Alrededor de $5 billones para salud y subsidios de energía y gas, y más recursos para el Sena. No son tecnicismos. Son las prioridades que los congresistas, en representación de sus regiones, habían logrado incorporar, y que desaparecieron no por un debate que las derrotara, sino por un error que impidió cerrarlo.

La responsabilidad, además, no es nítida. Hay quienes señalan a la mesa directiva y la plenaria de la Cámara por votar un texto distinto; otros apuntan a que funcionarios de Hacienda sirvieron de puente en esa noche confusa. Esclarecer qué pasó no es un asunto menor, de ahí depende que el error no se repita.

Porque lo que viene exige exactamente lo contrario de un atajo. La Ley de Rescate, con la que el Gobierno buscará ajustar cerca de 2,2% del PIB en 2027, sí será una decisión deliberada del Ejecutivo, y tocará subsidios, exenciones y entidades. Un ajuste de esa magnitud, si aspira a durar, necesita mayorías construidas a la luz, no partidas que se pierden en una conciliación fallida. Lo que no se discute abiertamente rara vez se sostiene.

Colombia tiene un desbalance real, entre enero y agosto el déficit llegó a 4,6% del PIB. Ordenar las cuentas es ineludible. Pero la lección de octubre no es sobre un decreto; es sobre la fragilidad de un Congreso que no logró conciliar su propio texto a tiempo. La próxima decisión fiscal no debería depender de que alguien, otra vez, no cometa un error.