Resumen
El nuevo fiscal de Colombia, Gilberto Iván Villarreal, se encargará de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por alegaciones de soborno a testigos y fraude procesal. Tiene 90 días para decidir si acusa o archiva el caso.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El nuevo fiscal tomará las ‘riendas’ del proceso por los presuntos delitos de manipulación a testigos y fraude procesal que tiene encima el expresidente Uribe. Es de mencionar que desde septiembre de 2023 este santandereano se desempeña como fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y registra más de 29 años de servicio en el ente judicial.
La Fiscalía General de la Nación nombró al santandereano Gilberto Iván Villarreal como el nuevo fiscal encargado de liderar la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Gilberto Iván Villarreal Pava, oriundo de San Gil, Santander, y con 29 años de experiencia en la rama judicial, asume un caso marcado por su complejidad y las sucesivas complicaciones en la designación de fiscales. Estudió derecho en la Universidad Santo Tomás de Aquino y es experto en derecho penal y procesal penal.
El profesional ha ocupado diferentes cargos, algunos de ellos se relacionan como fiscal delegado ante jueces municipales y promiscuos, fiscal delegado ante jueces de circuito, fiscal delegado ante jueces especializados y subdirector de la seccional Santander.
El caso contra Álvaro Uribe Vélez se origina en 2012, cuando demandó al senador Iván Cepeda por manipulación de testigos. La Corte Suprema cambió el rumbo, abriendo un proceso contra Uribe por la misma acusación. Tras renunciar a su escaño, la Fiscalía buscó cerrar el caso, pero fue rechazado, dando lugar a acusaciones de soborno a testigos y fraude procesal.
Las alegaciones centrales sugieren que, a través de su abogado Diego Cadena, Uribe intentó sobornar a testigos para evitar declaraciones perjudiciales. El proceso ha experimentado cambios de fiscales, destacando renuncias e impedimentos.
Gilberto Iván Villarreal, el nuevo fiscal, asume la tarea de revisar el caso y decidir si acusa a Uribe o archiva el expediente en los próximos 90 días. Este desarrollo marca un hito en un caso judicial de alto perfil que ha mantenido la atención pública en vilo en Colombia.
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