Resumen
La posible designación de Cynthia Martínez como Defensora del Pueblo en Santander es alarmante por su falta de experiencia en derechos humanos y su pasado cuestionado en gestiones. Esto podría perpetuar la indiferencia institucional hacia las víctimas de conflicto en la región.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La posible designación de Cynthia Viviana Martínez Cornejo como Defensora del Pueblo en Santander no solo resulta alarmante, sino que constituye un agravio contra la lucha por los derechos humanos, la paz y la reconciliación en un departamento históricamente marcado por el conflicto.
Su hoja de vida, tan vacía de experiencia en estos temas, es una afrenta a las víctimas que aún luchan por justicia en esta región. Unido a esto, su perfil está enmarcado en investigaciones en la Procuraduría por su gestión al frente de la oficina de contratación del municipio de Floridablanca, durante el mandato de un exalcalde señalado por serios problemas de corrupción, como el caso del Banco de Materiales de Floridablanca o el del Fondo Nacional de Seguridad, donde Martínez aprobó que estos procesos fueran manejados por un falso abogado sin títulos ni tarjeta profesional alguna. Santander no necesita a una defensora que se dedique a defender su propia reputación; necesita a alguien con el conocimiento, la experiencia y, sobre todo, la integridad para estar a la altura del reto.
Aquí no se trata sólo de evitar un error: se trata de exigir respeto por un departamento que se lo merece, tal y como lo reclama la Red de Observatorios de Derechos Humanos Nodo Santander, la cual resalta la urgencia de tener en estas instituciones personas con liderazgos competentes y transparentes, características que Martínez Cornejo no garantiza.
La Defensoría del Pueblo no es un espacio para satisfacer intereses políticos de quienes ni siquiera han hecho nada por la región. Aquí lo que se requiere es una persona que comprenda la magnitud de los retos en derechos humanos y actúe con integridad y compromiso genuino.
En un contexto donde Santander registra el mayor número de amenazas contra líderes sociales y ambientales, según un informe reciente de la JEP, el liderazgo de la Defensoría del Pueblo resulta crucial para la protección y garantía de los derechos fundamentales. ¿Cómo puede cumplir este rol alguien cuya experiencia en derechos humanos es inexistente? La respuesta es simple: no puede.
En un territorio donde estos temas no solo son relevantes, sino vitales, esto es un insulto a las víctimas en el marco de sus propias vidas. El libro ¡Aquí pasó algo, un contexto del conflicto en Santander!, publicado por las universidades Uniciencia y Unisangil, documenta cómo la indiferencia institucional perpetúa las heridas del conflicto en Santander.
Nombrar a Martínez Cornejo significaría perpetuar esa indiferencia institucional, representar un retroceso para las víctimas que han trabajado incansablemente por fortalecer las instituciones de derechos humanos en el departamento y reducir la Defensoría a un simple adorno burocrático. La comunidad santandereana no puede aceptar esta designación sin levantar su voz para exigir que cesen los nombramientos políticos en temas tan delicados.
La Defensoría debe ser liderada por alguien que defienda, no por alguien que hasta para ser nombrada necesita ser defendida.
