Orden público y sistema electoral

Por: Alfonso Gómez Méndez

Aun cuando infortunadamente no es nuevo, resultan desgarradoras las imágenes de este fin de semana de las personas humildes del Cauca y del Valle llorando la absurda muerte de sus seres queridos - sin contar con las decenas de heridos- en los actos terroristas atribuidos a las mal llamadas “disidencias de las FARC” dirigidas por el criminal conocido con el alias de Iván Mordisco.

Estas terribles escenas ya las habíamos visto en la década del noventa cuando los narcoterroristas, para doblegar al Estado, mataban inocentes con “bombazos” como los de: el DAS, el 6 de diciembre de 1989; el barrio Quirigüa en Bogotá, un día de la madre, o el parque Lleras en Medellín en enero de 1991. También en los actos crueles de la guerrilla contra jóvenes soldados muchas veces “rematados” en condiciones de indefensión.

Los colombianos aún recordamos las dantescas imágenes en Bojayá, cuando en una lucha entre paras y guerrilleros masacraron a civiles - niños entre ellos- que arrancaron inclusive lágrimas al comandante del Ejército de la época. O, como lo han recordado los medios, la bomba del Nogal en febrero de 2003, acto terrorista de las FARC que dejó decenas de muertos. Y, el vil ataque en enero de 2019 a la Escuela de Policía General Santander que mató a jóvenes cadetes.

Los hechos criminales de la semana pasada muestran el casi absoluto descontrol del orden público en los últimos años que tiene múltiples causas entre las cuales, no es la menor, el fracaso absoluto de la llamada “paz total”. No se ha logrado la paz, pero si se ha incrementado la violencia como lo demuestran las, al menos, 41 masacres que se han dado solo en lo que va corrido de este año y los centenares de líderes sociales asesinados.

La región del suroccidente del país parecería que está literalmente en manos de bandidos de todos los pelambres. Allí, y en las demás zonas cuyo control perdió el Estado, no se puede hablar de la existencia de guerrillas con objetivos políticos sino de delincuentes con el inmenso poder económico que les da el manejo a sus anchas del narcotráfico y la minería ilegal.  ¿Dónde está el Estado con su fuerza legitima para someterlos? ¿En qué hemos fallado? Sin dejar de lado las estrategias sociales, es claro que la política de “apaciguamiento” ha sido un fracaso.

Aun cuando no en este caso, ¿cómo entender que el sujeto conocido como alias Calarcá, sorprendido en flagrancia en camionetas de la UNP con armas y un menor reclutado, responsable -como aparece en investigaciones de la propia Fiscalía- del ataque aleve que ocasionó la muerte de más de una docena de policías, aún tenga suspendida la orden de captura cuyo levantamiento reclama la propia fiscal general, con el pretexto de que se trata de un “gestor de paz”?

¿Cuántas víctimas inocentes faltan para que se cambie la estrategia? ¿Por qué repetimos la mil veces fracasada receta de celebrar pomposos “Consejos de Seguridad” -con cámaras de televisión incluidas- después de perpetrados los ataques y de anunciar recompensas millonarias -cuyos resultados nunca sabemos- para quienes den información a las autoridades?

¿Cuándo se van a hacer los Consejos de Seguridad preventivos? Tal vez si se dedujeran responsabilidades políticas las cosas podrían comenzar a cambiar. Quizás así comenzaríamos a “desbloquear” la democracia sancionando la ineficiencia de los responsables políticos.

Más allá de los lugares comunes, los candidatos presidenciales deberían decirle claramente al país las propuestas concretas para recuperar el orden público y el monopolio de las armas en cabeza de nuestras fuerzas militares y de Policía.