Una visita no puede convertirse en una sentencia de muerte

Hay hechos que, cuando se repiten, dejan de ser únicamente tragedias aisladas y obligan a preguntarse qué está fallando. En mayo de 2023, Merly Andrea Rengifo ingresó a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, para visitar a Efraín Sarmiento, un hombre que cumplía una condena de 34 años y ocho meses por feminicidio. La visita terminó de la peor manera: la mujer fue asesinada dentro de una celda.

Pero la historia se repitió, hace un par de días, otra mujer murió violentamente mientras visitaba a un interno, esta vez en el pabellón 13 de la cárcel La Modelo de Bogotá. Dos cárceles, dos mujeres visitantes y una inquietante coincidencia: ambas entraron a un establecimiento bajo custodia del Estado y no salieron con vida.

El caso de Cómbita debió encender todas las alarmas. No solamente porque una mujer fue asesinada dentro de una prisión, sino porque el hombre al que visitaba estaba condenado precisamente por feminicidio. Resultaba inevitable preguntarse entonces cuáles eran los protocolos para una visita de estas características, cómo había llegado un arma blanca hasta una celda y qué posibilidades reales tenía una visitante de pedir ayuda si se encontraba en peligro. Lo ocurrido debía servir para revisar el sistema y evitar que una tragedia semejante pudiera repetirse.

Pero se repitió. El sábado 22 de agosto, según la información suministrada por el INPEC, una mujer fue encontrada sin vida hacia las 12:30 del mediodía en el pabellón 13 de La Modelo. El interno al que visitaba habría manifestado ser responsable de los hechos. Será la investigación penal la que determine exactamente qué ocurrió, las circunstancias de la muerte y las responsabilidades individuales. Sin embargo, independientemente de esas conclusiones, existe una pregunta institucional que debe responderse desde ahora: ¿cómo puede una persona ingresar como visitante a una cárcel y terminar asesinada dentro de una celda sin que exista una capacidad suficiente para prevenir o interrumpir la agresión?

Las visitas íntimas hacen parte de la vida penitenciaria y no deberían desaparecer por estos hechos. Pero la intimidad no puede convertirse en sinónimo de desprotección. Una cosa es garantizar un espacio privado y otra muy distinta dejar a una visitante completamente aislada frente a una eventual situación de violencia. Deben existir mecanismos discretos y eficaces de alerta, botones de pánico, tiempos de verificación y protocolos especiales de reacción que permitan pedir auxilio sin eliminar la privacidad que caracteriza estos encuentros. La seguridad y la dignidad no son derechos incompatibles.

Por eso resulta importante que el Ministerio de Justicia haya ordenado al INPEC entregar un informe detallado y revisar inmediatamente los protocolos de seguridad durante las jornadas de visita, incluidas las visitas íntimas. Entre los puntos anunciados están precisamente los mecanismos de alerta, los botones de pánico y los procedimientos de atención y respuesta frente a situaciones de riesgo. Es una decisión necesaria, pero llega después de una nueva muerte. La pregunta incómoda es por qué después del feminicidio ocurrido en Cómbita en 2023 no quedaron implementadas medidas suficientemente eficaces para impedir que un escenario semejante volviera a presentarse.

También sería un error reducir el debate a controles de ingreso más estrictos. La seguridad debe comenzar antes de cerrar la puerta de una celda. El sistema penitenciario conoce los antecedentes judiciales de sus internos y tiene la posibilidad de identificar factores objetivos de riesgo. Eso no significa presumir que todo condenado volverá a cometer un delito ni restringir arbitrariamente sus derechos, pero sí obliga a diseñar protocolos diferenciados cuando existan antecedentes de violencia grave contra las mujeres. Prevenir no significa condenar anticipadamente; significa reconocer riesgos y actuar antes de tener que lamentar otra muerte.

Merly Andrea Rengifo murió en Cómbita en 2023. Otra mujer murió en La Modelo en 2026. Sus historias no deberían convertirse simplemente en dos expedientes separados por tres años y cientos de kilómetros. Cuando alguien cruza la puerta de una cárcel como visitante, el Estado asume también una responsabilidad sobre las condiciones de seguridad que encontrará en su interior. Una visita conyugal no puede convertirse en una sentencia de muerte.

Esta vez, la revisión anunciada no debería terminar solamente en un informe: debería terminar en cambios concretos capaces de evitar que tengamos que volver a escribir esta misma historia.