Resumen
El caos resultante de sus acciones incluyó el envío de correos electrónicos de amenaza a edificios públicos en varios estados, lo que provocó la movilización de la policía, la evacuación de escuelas, el cierre de hospitales y retrasos en vuelos.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Las autoridades de Estados Unidos han presentado cargos contra un ciudadano peruano, Eddie Manuel Núñez Santos, de 33 años, por hacer más de 150 amenazas de bomba falsas a escuelas, sinagogas y otros edificios públicos en territorio estadounidense.
Estas amenazas, que generaron evacuaciones y caos en las instituciones afectadas, fueron un intento de represalia contra adolescentes que se negaron a enviarle fotografías explícitas.
Núñez Santos, quien se hacía pasar por un adolescente llamado "Lucas", se comunicaba con adolescentes en una plataforma de videojuegos en línea. Según los fiscales, solicitaron fotografías explícitas a al menos dos de ellas, incluida una menor de 15 años, y amenazó con enviar bombas a sus escuelas cuando se negaron.
El caos resultante de sus acciones incluyó el envío de correos electrónicos de amenaza a edificios públicos en varios estados, lo que provocó la movilización de la policía, la evacuación de escuelas, el cierre de hospitales y retrasos en vuelos. Las amenazas también se extendieron a sinagogas en el área de Nueva York durante Rosh Hashaná, la festividad del Año Nuevo judío.
Los investigadores pudieron rastrear el origen de los mensajes, números telefónicos y direcciones IP vinculadas a las amenazas de bomba, lo que llevó a la identificación y detención de Núñez Santos en Lima, Perú.
Núñez Santos enfrenta cargos que incluyen realizar comunicaciones interestatales amenazantes, perpetrar un engaño, intento de explotación sexual de un menor, intento de coerción y seducción de un menor e intento de recepción de pornografía infantil. Si es declarado culpable, podría enfrentar varias décadas de prisión.
Estos cargos reflejan la gravedad de sus acciones y su impacto en la seguridad pública y la movilización de recursos de aplicación de la ley. El fiscal federal Damian Williams describió estas amenazas como una conducta "reprensible y socialmente destructiva" llevada a cabo en un intento retorcido de venganza contra las adolescentes que rechazaron sus solicitudes de material sexual explícito.
