Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Cada uno de los congresistas de Colombia representa a los departamentos y municipios que tienen derecho a participar en la distribución del presupuesto nacional. La Cámara de Representantes, donde tienen asiento los congresistas de los treinta y dos (32) departamentos, donde comienza el trámite de los proyectos de ley y de los actos legislativos reformatorios de la Constitución Nacional, y el Senado de la República, que representa a la nación como escenario final de los cambios institucionales que necesita el país.
Cada una de las dos corporaciones dispone de siete (7) comisiones legislativas, creadas por la Ley Quinta de 1992, en primer lugar, compuestas por expertos en derecho constitucional, encargadas del trámite de los cambios institucionales y dedicadas a la elaboración de los códigos. Los asuntos relacionados con las relaciones internacionales y los ascensos militares son temas específicos de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara.
Las Comisiones Terceras y Cuartas del sistema bicameral se encargan del trámite de las leyes que guardan relación con el fortalecimiento de las rentas de la nación y con la distribución del presupuesto nacional, compuestas por parlamentarios expertos en el manejo de la hacienda pública. En el actual período constitucional, esas dos comisiones legislativas han tramitado la reforma tributaria, que ha multiplicado los ingresos del gobierno de Colombia.
La comisiones quintas, sextas y séptimas de senado y cámara se encargan del trámite legislativo de los proyectos que guardan relación con las obras públicas, la salud y la educación. La reforma del sistema nacional de salud, del sistema nacional del trabajo, el régimen de las pensiones y de los servicios públicos, pasan por bloques parlamentarios que tienen soporte jurídico en la Ley del Reglamento del Congreso de la República.
La actividad parlamentaria incluye también las comisiones de paz y muchos otros escenarios para el debate público. En el actual periodo legislativo se vienen tratando los problemas de congestión carcelaria, las tarifas de los servicios públicos, la reforma de la justicia, la reforma laboral y muchas otras iniciativas que le han dado resonancia al Congreso de Colombia.
Hay quienes, por su experiencia legislativa y por sus conocimientos jurídicos, brillan en los debates de control político. El actual gobierno nacional, empeñado en reformar todas las instituciones colombianas, le ha puesto trabajo a la rama legislativa del poder público, acudiendo a las cámaras legislativas que son la caja de resonancia de los grandes problemas del país. Por allí pasa el clamor angustioso de esta nación, que reclama la paz como presupuesto fundamental para la preservación de la existencia humana.
De acuerdo con el artículo 140 de la Ley Quinta de l992, que es el reglamento del Congreso de la República, los actuales parlamentarios pueden presentar proyectos de ley dentro del marco constitucional de la nación. Sin embargo, la iniciativa del gasto público debe tener sus orígenes en el gobierno nacional que está representado por el Presidente de la República y los respectivos ministros.
También pueden presentar proyectos de ley y reformas legislativas los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Superior de la Judicatura, del Consejo Nacional Electoral, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, el Fiscal General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Estado.
Igualmente podrán presentar proyectos de ley el tr5einta por ciento (30%) de los concejales del país y el treinta por ciento de los diputados. Las reformas a la administración pública solamente puede presentarlas el gobierno en cabeza del presidente de la república y sus respectivos ministros, porque se trata de priorizar el gasto público. La rama legislativa tiene también la facultad de elegir al Fiscal General y al Contralor General de la República, designar los magistrados del Consejo Nacional Electoral y ejercer el control político sobre todos y cada uno de los ministerios y gerentes de institutos descentralizados, como Ecopetrol, que es la principal empresa del país.
