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Coronel Luis Alfonso Plazas fue declarado INOCENTE

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Resumen

La Procuraduría General de la Nación de Colombia aprobó una indemnización de 9 mil millones de pesos al coronel Luis Alfonso Plazas Vega, injustamente detenido de 2007 a 2015 por desapariciones durante el caso del Palacio de Justicia.

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Nueve mil millones de indemnización por injusta sentencia condenatoria

La Procuraduría General de la Nación avaló la solicitud que hizo el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega para que el Estado lo indemnice con una suma casi 9 mil millones de pesos por los perjuicios causados contra él y su familia, por la injusta detención entre los años 2007 y 2015 por los desaparecidos del Palacio de Justicia. Para la Procuraduría General está probado que la medida de privación de la libertad del coronel Plazas Vega fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada y arbitraria. El lío judicial contra el coronel (r) Plazas arrancó el 7 de noviembre de 1985, cuando ingresó al Palacio de Justicia en uno de los cuatro vehículos cascabel que participaron en la operación para retomar las instalaciones del edificio, después que un grupo de guerrilleros del M-19 entraron a sangre y fuego para apoderarse del edificio y exigir un juicio político contra el presidente de la época, Belisario Betancour.

En dicha operación desaparecieron por lo menos 11 personas y por esos casos, en diciembre de 2005, la fiscalía designó una funcionaria para investigar esos hechos que se presentaron hace 40 años. Dos años después, fue capturado y puesto en detención el coronel Luis Alfonso Plazas Vega afirmando que era un peligro para la sociedad. El oficial fue acusado por los delitos de secuestro agravado y desaparición forzada de 11 empleados de la Cafetería del Palacio de Justicia.

Durante dos años de su detención, Plazas Vega solicitó en dos oportunidades su libertad por vencimiento de términos y en 2010 fue condenado a 30 años de prisión por la desaparición de 11 empleados de la cafetería del Palacio. En el concepto del Ministerio Público, se citan conceptos del Consejo de Estado en el que se ha desarrollado la jurisprudencia sobre los casos de privación injusta de la libertad y la responsabilidad del Estado en este tipo de situaciones.

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