Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para los tres implicados en el asesinato del subintendente de la Sijín Omar Enrique Torres Cuadros, ocurrido el pasado 18 de noviembre en el casco antiguo de Floridablanca. Aunque los capturados no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía, el juez determinó que había suficientes evidencias para privarlos de libertad mientras avanzan las investigaciones y el juicio por homicidio agravado.
El crimen tuvo lugar en un bar de la carrera 10, donde Torres Cuadros intentó mediar en una situación conflictiva. Shirley Anaya, una de las implicadas, consumía marihuana en el establecimiento, y el subintendente le pidió que saliera a fumar a la calle. Este reclamo generó una acalorada discusión que escaló cuando la mujer, su pareja Expedito Figueroa Badillo, alias "Pedro El Escamoso", y un tercero, identificado como Javier Ramírez Ramírez, rodearon al policía. Durante el altercado, Figueroa desenfundó un cuchillo y apuñaló a Torres Cuadros en el pecho, provocándole heridas que más tarde le costaron la vida en la Clínica Foscal.
Los tres implicados tienen antecedentes criminales significativos. Expedito Figueroa ha sido señalado por tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y violencia intrafamiliar, y los vecinos lo vinculan al microtráfico en el barrio Primavera de Floridablanca. Shirley Anaya, quien habría iniciado la discusión que derivó en el homicidio, fue capturada junto con los demás. Por su parte, Javier Ramírez cuenta con un historial que incluye un homicidio cometido en 2003 en Bucaramanga, además de vínculos con delitos relacionados con drogas.
El video de seguridad que registró el ataque y la posterior huida de los implicados será una de las principales pruebas en el juicio. Este caso no solo ha generado indignación en la comunidad, sino también dentro de las fuerzas policiales, que han pedido justicia para el subintendente Torres Cuadros.
La Fiscalía trabaja en consolidar el material probatorio para garantizar una condena ejemplar, mientras que las autoridades reiteran su llamado a la ciudadanía para que denuncien cualquier actividad delictiva en sus comunidades.
