Resumen
La Fiscalía y la Policía Nacional desmantelan un esquema fraudulento en el que empresas de seguridad emitían de forma ilegal salvoconductos para que criminales accedieran a armas de fuego, facilitando su circulación y evadiendo controles oficiales.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
En una operación coordinada entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional se ha destapado un complejo entramado que permitía a cabecillas de redes criminales portar armas de fuego gracias a salvoconductos emitidos fraudulentamente.
La investigación reveló que varias empresas de seguridad privada habrían “carnetizado” a personas con antecedentes judiciales y vínculos delictivos, otorgándoles el rol de escolta para que pudieran acceder a armamento con el respaldo de entidades de control.
Las pesquisas demostraron que, mediante contratos falsos y documentos manipulados, se simulaba el pago mensual por el alquiler de armas de fuego.
Esta estrategia, ideada para evadir los controles de las autoridades, favorecía la circulación de elementos punitivos y letales entre grupos delictivos.
Uno de los casos más destacados involucra al coronel en retiro Pedro Alexander Ruiz Pulido, quien, a través de su empresa de seguridad, habría emitido la credencial de escolta a Edgar Elicio Munévar, alias “El Caballista”.
Munévar, presuntamente integrante de una red dedicada al movimiento de estupefacientes en vehículos adscritos a la Unidad Nacional de Protección (UNP), es señalado por su participación en la fuga del delincuente Juan Larison Castro Estupiñán, alias “Matamba”, de la cárcel La Picota de Bogotá.
De forma similar, el capitán en retiro José Omar Urrego Chitiva habría respaldado a Jesús Martín Bello, también vinculado a la fuga de “Matamba” y a Juan Carlos Castro, alias “Pichi Belén”, líder del grupo delincuencial conocido como “La Oficina”, con injerencia en Medellín, Envigado y otros municipios del Valle de Aburrá.
Además, la empresa de Jorge Oswaldo Castaño Galindo se habría encargado de suministrar armas a Jhon Fredy Gallo Bedoya, alias “Pájaro”, exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Magdalena Medio y a Oliverio Isaza Ramírez, alias “Terror”, exjefe de las extintas Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y de una estructura armada del “Clan del Golfo”, quien falleció recientemente durante una operación de la Policía Nacional en Puerto Triunfo, Antioquia.
Durante las diligencias ejecutadas en Bogotá y Barranquilla, las autoridades lograron la captura de los tres representantes legales vinculados al esquema fraudulento.
En dichos operativos se incautaron seis celulares, tres memorias USB, 3.735 cartuchos de diversos calibres, 22 revólveres, 50 pistolas, cinco escopetas y 31 armas traumáticas y de fogueo, elementos que evidencian la magnitud y sofisticación de este entramado ilícito.
Simultáneamente al proceso penal, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre bienes valorados en algo más de 1.800 millones de pesos.
Entre los activos afectados se encuentran dos sociedades, tres empresas de seguridad, tres inmuebles y un vehículo de alta gama, los cuales fueron asegurados en diligencias efectuadas en ciudades como Bogotá, Villavicencio (Meta), Ibagué (Tolima), Neiva (Huila) y Puerto Triunfo (Antioquia).
Estas acciones buscan evitar la dispersión de recursos que pudieran ser utilizados para fortalecer la operatividad de la red criminal.
El proceso de extinción de dominio se inició luego de la captura de Manuel Antonio Castañeda Bernal en vías de Cauca, mientras transportaba 168 kilogramos de clorhidrato de cocaína en una camioneta de la UNP.
Los bienes incautados serán puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en tanto se continúan las investigaciones por los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, cargos que, sin embargo, hasta el momento no han sido aceptados formalmente.
Este escándalo ha generado una gran conmoción en la opinión pública y evidencia las fallas en el control del armamento en el país, lo que obliga a las autoridades a intensificar sus esfuerzos para desmantelar las redes de corrupción que favorecen el accionar del crimen organizado.
Las investigaciones continúan y se espera que nuevas diligencias permitan esclarecer el alcance de este fraude y cerrar las brechas que facilitan el acceso a armamento de alto poder letal.
