¿Para qué sirven las juntas administradoras locales?

Cuando crearon las juntas administradoras locales, que son elegidas en las grandes ciudades del país, con una población igual o superior a los cien mil habitantes, los legisladores de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 se olvidaron de la existencia, la capacidad y protagonismo de las juntas de acción comunal, que desde 1968 habían sido creadas por el expresidente Carlos Lleras Restrepo.

Mientras las juntas de acción comunal tienen capacidad de convocatoria para impulsar y promover iniciativas relacionadas con las obras públicas y para realizar actos de gobierno, las juntas administradoras locales son unos grupos de presión que, en la mayoría de los casos, viven del tráfico de influencias ante las autoridades municipales, presionando a los alcaldes para conseguir cuotas burocráticas y contratos menores que beneficien a sus miembros.

En la elección de las juntas administradoras locales se mueven intereses de poca monta, casi siempre para satisfacer los apetitos burocráticos y los negocios menores de la contratación oficial. La cantidad de vagos que hacen parte de las juntas administradoras locales muestra la inoperancia de estos organismos. Las creó la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, para mortificar a los alcaldes, que deben distraer parte de su tiempo atendiendo a los ediles, que en otra época realizaban colectivamente las juntas comunales.

Muchos ciudadanos que creemos en la bondad de las juntas de acción comunal, consideramos que fue una equivocación monstruosa crear juntas administradoras locales, que solamente se dedican a perturbar a los funcionarios de las alcaldías, buscando privilegios y canonjías para sus familias. Es tiempo de revisar en sus efectos, estas locuras que cometieron nuestros legisladores de la Asamblea Constituyente, aumentando la carga burocrática porque en cada junta hay que nombrar por lo menos una secretaria y hasta algunas cuadrillas de trabajadores, generalmente incompetentes.

El aparato estatal se ha burocratizado hasta la coronilla con la proliferación de instituciones que nacieron a la sombra de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. De esa nueva carta de derechos, tenemos cuatro o seis organismos de investigan y7 que vigilan a otros funcionarios, con los cuales se reparten las canonjías y las coimas de la contratación oficial. Talvez no existe en otros lugares del planeta tantos organismos democráticos, como en Colombia y son muchos los recursos de los presupuestos oficiales que se distraen y dilapiden en esta numerosa telaraña de funcionarios dedicados a la lucha anticorrupción, que no trabajan, pero se sientan a esperar mayores beneficios de la ubre del estado colombiano, porque quieren vivir como parásitos, pegados a los presupuestos de las alcaldías de ciudades capitales. .

Estamos de acuerdo con que se le adjudiquen contratos de obras a las juntas de acción comunal pero lamentamos tener que decir que las juntas administradoras locales en las grandes ciudades son como un canto a la bandera, para seguir buscando privilegios y negocios, en beneficio de personas ociosas, que se hacen elegir mediante el voto popular, para seguir realizando tráfico de influencias, que es lo único que saben hacer.