Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El país no comprendió a tiempo los riesgos del cambio político que le sobrevenía a Colombia con la elección de Gustavo Petro Urrego y ni siquiera se imaginaron lo que iba a pasar con la multiplicación de los grupos armados ilegales, actuando a manera de cuadrillas en repúblicas independientes financiadas por el narcotráfico y la minería ilegal, de cuyo territorio están desalojando al Ejército y la Policía, como si fueran responsables de la caótica situación de orden público que padece la nación.
El cambio llegó para quedar en manos de grupos terroristas que, como el autodenominado ‘Ejército de Liberación Nacional’ –ELN—y las disidencias de las FARC, ya están actuando en los departamentos del Cauca, Nariño, Norte de Santander (región del Catatumbo), Arauca, Vichada, parte del Urabá Antioqueño y Guainía donde, para sorpresa mundial, los terroristas tomaron el mando territorial, amparados bajo el paraguas de un proceso de paz que se ha convertido en la entrega de pedazos de esa nación a los a los bandidos.
Por informes de televisión se supo que, en alguna de las regiones del país, los ‘comandantes’ de la subversión y el terrorismo están inaugurando obras de pavimentación en zonas de la ‘Colombia Profunda’, como el Cañón del Río Micay, que se han convertido en santuarios de la producción de estupefacientes para el mundo. Ya, algunos de estos grupos, han acreditado ‘agentes diplomáticos’ que van y vienen como ministros plenipotenciarios, en representación de la cúpula del ELN y de las disidencias de las FARC, donde se ha vuelto común el apellido de alias ‘Iván MORDISCO’, un avezado criminal que ejerce control territorial en antiguos territorios nacionales.
Parece increíble que en Colombia hayan secuestrado doscientos soldados la semana pasada, por orden de las guerrillas disidentes de las FARC, constituye una terrible contradicción. El orden constitucional arrodillado ante los bandidos que han asesinado a miles de compatriotas y que están negociando la paz, para legalizar inmensos capitales provenientes de acciones delictivas, en regiones cocaleras donde se impone la ‘Ley del más fuerte’.
Como lo advierte el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, el presidente de la república, Gustavo Petro Urrego, está despedazando la Constitución Nacional, desafiando a todas las ramas del poder público, porque nadie hace nada para evitarlo. La ‘Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes’ – que es el juez natural del primer magistrado de la nación --, es una institución totalmente arrodillada y genuflexa frente al gobierno en busca de canonjías, contratos y nombramientos, porque a la mayoría de los parlamentarios no les importa la suerte del país, sino sus negocios.
Voces aisladas, como las de Bibiana Morales, ex fiscal general de Colombia, han pedido la destitución del presidente Petro, por presuntos problemas de drogadicción y por haberle entregado el país a la subversión, pero todos aplican la ley del ‘Sálvese quien pueda’ porque se acabó el valor civil para defendernos de esta plaga terrorista y extremista, que sigue en ascenso. Muchos de los electores que contribuyeron a la elección del presidente Petro, están aterrados del rumbo que lleva el país. El último show del presidente Petro ha sido el desplante a dieciocho (18) de los treinta y dos (32) gobernadores, que fueron declarados ‘personas no gratas’ por el primer mandatario de la nación y, por consiguiente, no fueron invitados a la reunión palaciega en Casa de Nariño esta semana, donde solamente tuvieron ingreso los ‘petristas’.
