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Terroristas deben ser enviados a trabajos forzados bajo la vigilancia del EJÉRCITO

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Resumen

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En una democracia real, donde los delincuentes deberían pagar penas por sus crímenes, desarrollando labores de trabajo forzado en programas de reforestación y en la construcción de vías, para que reparen el daño causado a la nación, se acabarían estas cuadrillas de bandidos que tienen inmensos capitales malhabidos, producto del narcotráfico, el secuestro, la extorsión y la minería ilegal. La pena de muerte contra los terroristas acabaría con la barbarie

El Modelo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que creó inmensas cárceles para someter y exterminar a los bandidos que roban, atracan, asesinan, y violan a niños y niñas inocentes, debería aplicarse en Colombia. La vagabundería de este país que premia a los delincuentes y castiga a la gente honrada, está clamando una solución real a los problemas de inseguridad. Mientras la cobardía de gobiernos mamertos dice que es necesario indultarlos y hasta premiarlos para que no maten ni secuestren más gente, hay millones de colombianos pidiendo que venga el ejército y la policía a enfrentar a los bandidos con las armas de la república, que son el brazo armado de las leyes.

Las locuras del presidente comunista Gustavo Petro Urrego, producto de su peligrosa inteligencia, solamente útil para la maldad y la anarquía, está acabando con la democracia de este país. Millones de colombianos han abandonado sus estancias campesinas, porque la vida de los seres humanos vale menos que una gallina, a la que le tuercen el pescuezo para tirarla al fuego, porque la pena de muerte, que está prohibida en la Constitución Nacional de Colombia, se viene aplicando todos los días en diferentes lugares del territorio nacional.

El país está esperando a gritos una política represiva, de exterminio contra la subversión y el terrorismo. No hay otro camino, porque se agotó la paciencia del pueblo colombiano, que lleva medio siglo acariciando el momento de la paz, a punta de discursos y manifestaciones de solidaridad, de palmaditas en la espalda de los buenos ciudadanos, a quienes les prohibieron el porte de armas de defensa personal, con el pretexto del eterno cese al fuego, donde la gente cobarde que gobierna a Colombia habla y defiende los derechos humanos en beneficio de los bandidos, que se burlan de la justicia, porque saben que el dinero del narcotráfico les alcanza para comprar hasta los magistrados de las altas cortes.

El modelo político del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tiene muchos admiradores en Colombia y estamos seguros que si convoca un plebiscito para que el pueblo se pronuncie acerca de los diálogos de paz, pedirán el exterminio de miles de bandoleros que se han arropado bajo los aleros de una paz esquiva, que jamás se va a conseguir, mientras haya mamertos que legislan desde el Congreso de la república, proponiendo un indulto general.

Que modifiquen el sistema penal acusatorio; que le declaren la guerra a muerte a las cuadrillas criminales que han convertido a Colombia en un inmenso cementerio; es el clamor que se escucha todas las mañanas por las ondas hertzianas, donde se cuentan las muertes trágicas de cada día y cada noche, ocultando el señor ministro de defensa, Iván Velásquez, su espíritu de combatiente, mientras le llega la hora de recibir una millonaria pensión, que está esperando desde el día de su posesión como ministro. ¡Que cobardía y que vergüenza!

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