Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La política del cambio, preconizada por el desgobierno de Gustavo Petro, ha mostrado todas sus falencias y fracasos, todas las debilidades psiquiátricas del mandatario, en medio de la propuesta de la “Paz Total”, donde se ha disparado la impunidad en beneficio de los bandidos y la inseguridad de los buenos ciudadanos, que fueron obligados a devolver las armas de defensa personal, mientras se multiplican las armas y pertrechos de los grupos criminales, que han amasado inmensas fortunas con el negocio del narcotráfico.
El fracaso de la política de reconciliación nacional, tan acaricida, cacareada y esquiva durante los gobiernos de los expresidentes Belisario Betancur Cuartas, Virgilio Barco Vargas, César Gaviria Trujillo, Ernesto Samper Pizano, Andrés Pastrana Arango, Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque Márquez y Gustavo Petro Urrego, ha permitido la financiación ilegal de las campañas presidenciales con la abundancia de dineros provenientes del narcotráfico, que imponen su voluntad en gran parte del territorio nacional.
‘Por sus actos los conoceréis’, dicen los textos bíblicos y así lo hemos entendido los colombianos en medio de la vorágine del conflicto armado que destruye el orden establecido, mediante la complicidad del actual gobierno, que recibió mucho dinero de las bandas emergentes con el compromiso de concederles la amnistía e indulto de sus crímenes y la legalización de sus inmensas fortunas. La violencia que padece Colombia está enmarcada dentro de la ambición de los grupos terroristas, que han cometido miles de asesinatos y violaciones de mujeres y niños, en los territorios donde el ejército ha sido remplazado por mafias organizadas que imponen la ‘Ley de la Selva’.
Es un absurdo que, a los ciudadanos de bien, que deben defender sus empresas, sus industrias, sus propiedades obtenidas a justo título y sus familias, los conduzcan a la cárcel porque en el infinito papeleo que existe en Colombia para legalizar el porte de armas de defensa personal porque se vencieron los términos de los salvoconductos. Los comandantes regionales de las fuerzas militares y de policía nada pueden hacer para proteger el derecho ciudadano a la defensa personal, porque el régimen está comprometido con la ‘Paz Total’, que es un negocio criminal de la familia presidencial y que se ha convertido en un tableteo de ametralladoras.
Debemos aceptar que están en guerra los departamentos de las zonas cocaleras del país, como El Cauca y Nariño, el Urabá Antioqueño y la Región de El Catatumbo, Norte de Santander, porque la existencia de mafias cocaleras, impiden que se cumplan los preceptos constitucionales del respeto a las autoridades legítimamente constituidas. A ratos pareciera que el presidente Petro siguiera siendo el comandante en la sombra de esos grupos alzados en armas, a los que protege mediante el desarme de las fuerzas militares y de policía, enviados como carne de cañón a las zonas de guerra, donde todas las semanas mueren soldados y policías por la vorágine del conflicto.
