Verdades y mitos sobre la nueva jurisdicción agraria en Colombia

La Jurisdicción Agraria y Rural es una de las principales apuestas legislativas del gobierno nacional, diseñada para saldar la deuda histórica del Estado colombiano con la ruralidad y cumplir con el mandato del Acuerdo de Paz de 2016. Esta jurisdicción es un logro significativo para el campesinado, otorgando a jueces y magistrados la potestad de resolver, de forma especializada y pacífica, los conflictos agrarios y rurales del país.

Mediante el Acto Legislativo 03 de 2023, esta jurisdicción fue incluida en la Constitución Nacional. Para su funcionamiento, es necesario que el Congreso de la República establezca las reglas que la regularán y defina su integración y estructura en armonía con la Rama Judicial. Por ello, se están tramitando dos proyectos de ley: uno ordinario y otro estatutario.

En el caso de la Ley Estatutaria, solo falta un debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Esta iniciativa busca instaurar una regulación procesal, autónoma y especial para los asuntos agrarios, definir el mecanismo para su inclusión en la judicatura y cambiar el nombre de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia a Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, incluyendo todos los ajustes operativos necesarios para su eficiente funcionamiento.

El Proyecto de Ley Ordinaria, radicado en noviembre de 2023, aún no se ha debatido en la Comisión Primera del Senado. Los ministerios de Justicia y del Derecho, y de Agricultura y Desarrollo Rural han atendido y resuelto numerosas objeciones de diversos sectores, alcanzando acuerdos en las modificaciones planteadas.

Derribando mitos

A pesar de la disposición del ejecutivo para aclarar dudas, es necesario desmentir algunos malentendidos en torno a estos dos proyectos de ley:

¿El proyecto pone en riesgo el derecho de propiedad privada? Falso. La ley busca proteger los derechos de propiedad y establecer un procedimiento especial para resolver conflictos de manera expedita siguiendo las normas agrarias vigentes. No modifica las reglas jurídicas para asignar derechos de propiedad.

¿El proyecto promueve la invasión de tierras?Falso. La iniciativa respeta la propiedad legítimamente adquirida y no incentiva la invasión de tierras. Los jueces agrarios solucionarán las disputas sobre la tierra.

¿El proyecto otorga poderes excesivos a los jueces agrarios? Falso. Los jueces agrarios tendrán facultades para acceder a sistemas de información del Estado y solicitar documentos necesarios, manteniendo las facultades existentes en la legislación actual.

¿Los jueces podrán fallar sin práctica de pruebas?Falso. El proyecto incorpora la figura de sentencia anticipada, vigente en el Código General del Proceso, para acelerar los procesos judiciales.

¿Los jueces agrarios podrán despojar a otros jueces del trámite de sus procesos? Falso. Los jueces agrarios conocerán todos los asuntos relacionados con predios rurales y actividades agrícolas, conforme al Acto Legislativo de la Jurisdicción Agraria y Rural.

El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna, invitó a los congresistas a adelantar los debates necesarios para discutir y acordar las disposiciones legales que permitan consolidar una verdadera Jurisdicción Agraria y Rural. También reiteró su disposición para resolver las inquietudes ciudadanas sobre la reglamentación de esta iniciativa.