Asesinados 24 miembros de la Fuerza Publica mediante macabro ‘plan pistola’
Resumen
El Clan del Golfo, el ELN y disidencias intensifican ataques para desalojar a la Policía de zonas estratégicas, usando métodos como explosivos y armas de fuego, buscando el control territorial para el narcotráfico.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Clan del Golfo buscan expulsar a la Policía de zonas estratégicas
Vidas inocentes segadas por demenciales asesinos bajo las órdenes de criminales que han hecho del narcotráfico el componente vital para sostener una ‘guerra’ fratricida apoyada en cobardes atentados.
En un patrón que recuerda las ofensivas de las FARC en los años noventa, el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y varias disidencias han intensificado ataques contra estaciones de Policía entre el 11 y el 28 de abril de 2025.
Según el Ministerio de Defensa, 13 policías y 11 militares perdieron la vida en 13 días en regiones que van desde Norte de Santander hasta el Guaviare. Los sucesos apuntan a un propósito claro: desalojar a la Fuerza Pública de municipios clave para ejercer control territorial.
Los grupos armados combinan fuego directo con explosivos artesanales. Ese método persigue expulsar a la Policía de municipios donde se desarrollan rutas de narcotráfico, o donde opera el narcotráfico transfronterizo con Venezuela.
Ataques a mansalva
El Clan del Golfo, que se autodenomina “Ejército Gaitanista de Colombia”, y la columna Dagoberto Ramos de las disidencias responsabilizaron al Estado por usar a la población como escudo y solicitaron reubicación de las estaciones.
Los ataques a mansalva, porque nunca combaten de frente, incluyen colocación de cilindros bomba, granadas de fabricación casera e inmersión de explosivos en motocicletas. Esa combinación de tácticas refleja la adaptabilidad de organizaciones con orígenes diferentes, guerrilleros del ELN, disidencias divididas en frentes y el mortífero Clan del Golfo.
La meta de estos grupos con sus asesinatos indiscriminados es desplegar un control efectivo que ofrezca corredores de abastecimiento ilícito y reduzca la capacidad de respuesta de las fuerzas de orden.
Patrones similares
En los años noventa la guerrilla de las FARC intensificó una campaña para forzar el retiro de la Policía de zonas urbanas. Ese plan produjo atentados con fusibles improvisados y fusiles de alto calibre, ataques que causaron decenas de muertos civiles y obligaron a la fuerza pública a abandonar cuarteles en más de cincuenta municipios.
En una actitud demencial y hasta de burla, la dirección insurgente de las Farc, en esos años, responsabilizaba al Estado por situar estaciones en áreas densamente pobladas.
Tras la desmovilización de esa organización, sujetos a la firma del Tratado de Paz en 2016, las disidencias conservaron tácticas y rutas de financiamiento ilícito, lo que explica el retorno de ese patrón de violencia en territorios estratégicos para el narcotráfico.
Cronología de los demenciales ataques
11 de abril. Disidentes de las extintas FARC emplearon drones contra las estaciones de Cájibío, Morales y Piendamó, en el Cauca. En Mondomo detonaron un carro bomba y causaron daños en la infraestructura civil.
15 de abril. En el nordeste de Antioquia, un patrullero asignado a Tarazá fue asesinado mientras se hallaba de permiso.
17 de abril. Un explosivo detonó cerca de la estación de La Plata, Huila. Dos civiles que celebraban un cumpleaños resultaron muertos y 31 personas recibieron heridas, entre ellas varios menores.
19 de abril. Disidentes atentaron contra la estación de Corinto, Cauca. Esa misma fecha un agente que acompañaba una procesión de Semana Santa murió en Lourdes, Norte de Santander.
22 de abril. Un artefacto explotó junto a un patrullaje en Ebéjico, Antioquia, y en Vegachí un policía resultó herido por disparos. En Santa Marta, el barrio El Rodadero sufrió un ataque con granadas contra la estación.
22 a 23 de abril. Un ataque con fusiles destruyó parte de la estación de Silvia, Cauca.
25 de abril. En Simití, Bolívar, varios atacantes asesinaron a dos policías y dejaron otro herido en la madrugada.
26 de abril. Tres uniformados resultaron heridos por disparos en puestos de control en Ocaña y Bucarasica, Catatumbo.
26 y 27 de abril. En la zona minera de Remedios, Antioquia, un explosivo dañó la estación y causó heridas a tres agentes.
27 de abril. Un comando disparó contra la subestación La Mesa, en Valledupar.
28 de abril. Hombres armados abrieron fuego contra la estación de Villa Caro, Norte de Santander, sin reporte de heridos civiles.
Respuesta estatal y negociación fallida
El gobierno de Gustavo Petro Urrego abrió mesas de diálogo con el ELN, las disidencias y el Clan del Golfo, pero el avance no consiguió resultados tangibles, por la negativa de esos grupos a un serio compromiso de acogerse a la firma de un proceso de paz.
El cese de negociación con la columna Dagoberto Ramos ocurrió tras el atentado del 17 de abril en Huila. Con el ELN las conversaciones permanecen suspendidas desde enero.
El Clan del Golfo se mantuvo en fase exploratoria sin superar el análisis inicial. El director general de la Policía, general Carlos Fernando Triana, calificó la ola de ataques como un “Plan Pistola” renovado y llamó a la ciudadanía a respaldar a los uniformados. La Defensoría del Pueblo consideró “incompatible hablar de paz y demostrar capacidad de guerra”.
La escalada de violencia expone la debilidad del Estado en las regiones apartadas. El Ministerio de Defensa anunció refuerzos de tropas y operaciones de inteligencia en zonas fronterizas y mineras.
La Policía dispuso unidades móviles y puestos de control adicionales. A pesar de esas medidas, la simultaneidad de ataques cuestiona la capacidad de respuesta y alerta sobre un posible vaciamiento de autoridad en municipios clave.
Analistas recomiendan un plan de emergencia que combine presencia militar, presencia del Estado diálogo con líderes comunitarios y estrategias de prevención ciudadana.
