Aumentó reclutamiento forzado de niños a manos de grupos criminales en el presente año
La Defensoría reportó al menos 97 casos de reclutamiento forzado de menores entre enero y julio de 2026, con Cauca y Norte de Santander como los territorios más afectados.
La Defensoría reportó al menos 97 casos de reclutamiento forzado de menores entre enero y julio de 2026, con Cauca y Norte de Santander como los territorios más afectados.
Los puntos clave serán generados automáticamente por IA y revisados por la redacción de El Frente.
El contexto histórico y los antecedentes serán generados a partir del archivo periodístico de El Frente.
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Al menos 97 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de reclutamiento forzado entre enero y julio de 2026, una cifra que, según la Defensoría del Pueblo, podría representar solo una parte de la realidad ante el elevado subregistro de estos hechos.
El informe de la entidad ubica a Cauca y Norte de Santander como los territorios más afectados. Cauca concentra 31 casos y Norte de Santander 24. Les siguen Nariño, con siete, y Antioquia, con seis. Estas regiones afrontan disputas territoriales entre estructuras armadas ilegales.
Del total registrado, 63% corresponde a hombres y 37% a mujeres. La Defensoría estableció además que 23% de las víctimas pertenece a comunidades indígenas y 9% tiene origen afrodescendiente. Sobre el resto no existe información suficiente acerca de su pertenencia étnica.
La entidad advirtió que muchas familias y víctimas no reportan estos casos por temor, desconfianza en las autoridades o aceptación de esta violencia como una situación habitual. También señaló que algunos menores mueren durante hostilidades o acciones militares sin que antes exista un registro oficial de reclutamiento.
En Cauca tienen presencia estructuras como el Estado Mayor Central, la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y el ELN. En Norte de Santander operan, entre otros, el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, el ELN, el Clan del Golfo y Los Pelusos.
La Defensoría documentó 684 casos durante 2024 y 428 en 2025, cifras que muestran la persistencia de una práctica que afecta de forma directa los derechos de la población menor de edad en varias zonas del país.
La Defensoría pidió valorar estos datos con cautela, porque el miedo puede impedir la denuncia y ocultar nuevos casos y dejar a más menores fuera de registros oficiales.
