Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, presentó su renuncia a la inmunidad presidencial tan solo un día después de que la fiscal general del país, Patricia Benavides, interpusiera una denuncia constitucional en su contra. La denuncia señala a Boluarte y a varios ministros por la presunta responsabilidad en la muerte de manifestantes durante las protestas antigubernamentales que sacudieron el país a finales de 2022.
La acusación específica apunta a Boluarte por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en relación con la muerte de Víctor Raúl Santiesteban y otros ciudadanos durante la represión de las protestas. La renuncia de Boluarte a la inmunidad presidencial se presenta como un gesto que indica su disposición a enfrentar las investigaciones judiciales.
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En declaraciones a la emisora de radio Exitosa, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Eduardo Arana, afirmó que la decisión de Boluarte de renunciar a la inmunidad presidencial fue comunicada durante una reunión del Consejo de Ministros. Arana destacó que la presidenta expresó su voluntad de enfrentar la denuncia presentada por la fiscal Benavides.
La denuncia constitucional también involucra al jefe del Gabinete de ministros, Alberto Otárola, al extitular de Interior, Vicente Romero, y a otros funcionarios de la administración Boluarte. Patricia Benavides, en su alocución compartida en redes sociales, detalló que la denuncia es por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Raúl Santiesteban y otros manifestantes.
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La presidenta Boluarte calificó la denuncia como una "deleznable maniobra" por parte de la fiscal, sugiriendo que busca desviar la atención de otra investigación en la que Benavides está involucrada. Boluarte considera que la fiscal intenta distraer la atención de la investigación que llevó al Congreso de Perú a citar de urgencia a Benavides para aclarar su situación.
Este desarrollo ocurre en un contexto en el que la fiscal Benavides enfrenta su propio escándalo, con el arresto de su principal asesor, Jaime Villanueva, por su presunta participación en una red de corrupción. La investigación sugiere que Benavides, junto con Villanueva y otros funcionarios, habría influenciado de manera indebida en decisiones clave, como la remoción de la Junta Nacional de Justicia y la designación del defensor del Pueblo.
