Resumen
La comunidad indígena Yukpa ha cortado lazos con la justicia ordinaria colombiana criticando la falta de acción frente al asesinato de cinco menores Yukpa. Exigen trabajar solo con fiscales de Bogotá, excluyendo a los locales.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La comunidad indígena Yukpa ha declarado el cese de las relaciones con la justicia ordinaria de Colombia, en respuesta a la falta de acción y resultados frente al asesinato de cinco menores de su etnia. El incidente tuvo lugar en el resguardo Iroka, Cesar, el 24 de marzo, desatando una crisis entre las autoridades tradicionales y el sistema judicial colombiano.
“Han pasado 16 días desde que nuestros niños fueron brutalmente asesinados,” manifestaron los líderes Yukpa a través de un comunicado, expresando su decepción por no haber tenido un encuentro con altos funcionarios, entre ellos la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, y el presidente Gustavo Petro.
La indignación surge luego de que la comunidad indígena se enterara por los medios de la conclusión de las necropsias por parte de Medicina Legal, sin haber recibido el informe directamente, contrario a lo acordado.
Además, recalcaron una problemática histórica con los funcionarios de la justicia en Cesar, señalando un incidente específico: “El 27 de marzo de 2024, miembros del CTI actuaron de manera arbitraria y revictimizadora hacia nuestro pueblo,” al tomar testimonios sin considerar la lengua y tradiciones Yukpa, lo que representa una violación a sus derechos y la diversidad cultural del país.
Ante este contexto de desconfianza y descompromiso, el pueblo Yukpa decidió apostar por un trabajo conjunto y armonioso exclusivamente con fiscales delegados de Bogotá, excluyendo a los funcionarios locales con los cuales han enfrentado estas dificultades.
